San José, 22 nov. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes por unanimidad y en primera legislatura una serie de reformas constitucionales que refunden el Estado, otorgando un poder casi absoluto al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Los legisladores modificaron 135 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 38, incluyendo uno que prohibía la tortura.
Las enmiendas, que requieren la aprobación en dos legislaturas para entrar en vigor, amplían el periodo presidencial de 5 a 6 años, y establecen la figura de “copresidenta” para Murillo, quien junto a Ortega coordinará los poderes del Estado. La reforma ha sido fuertemente criticada por la oposición, organismos internacionales como la OEA y Estados Unidos, que denuncian un intento de consolidar un régimen totalitario y de partido único al estilo de Cuba.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, indicó que la reforma será aprobada en segunda legislatura en enero de 2025. Sin embargo, para los opositores, estas reformas no son parciales, sino que buscan perpetuar el control de Ortega y Murillo, legalizando un sistema de sucesión dinástica y asegurando la concentración del poder en manos del Ejecutivo.
Entre los cambios más destacados, la reforma establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario”, con un gobierno centralizado bajo la Presidencia de la República, que coordina todos los poderes, incluido el judicial, legislativo y electoral. Además, se oficializa la existencia de la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar de la Policía Nacional acusado de actuar como fuerza paramilitar durante las protestas de 2018.
Otra de las medidas controvertidas es la creación de un mecanismo de vigilancia sobre los medios de comunicación, con el fin de evitar que divulguen “noticias falsas” y protejan los intereses del Estado. Asimismo, se prohíbe que las organizaciones religiosas reciban apoyo extranjero, pero se garantiza la libertad de culto bajo una estricta separación entre el Estado y las iglesias.
Además, la reforma incluye una disposición que rechaza las sanciones internacionales, argumentando que cualquier medida violatoria del derecho internacional no será reconocida por el sistema financiero nicaragüense.
La reforma a la Constitución de Nicaragua se produce en un contexto de creciente autoritarismo bajo el mandato de Ortega, quien ha sido acusado por la OEA de tratar de afianzar su control sobre el país, mientras la comunidad internacional reitera su condena por las violaciones de derechos humanos en el país.
