Madrid, 22 nov.- El PSOE, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y varios ministros y dirigentes del partido, ha presentado este viernes una demanda de conciliación contra Víctor de Aldama, supuesto comisionista del caso Koldo, como paso previo a interponer una querella por delitos de injurias y calumnias.
La demanda, que también representa al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros altos cargos socialistas, responde a las declaraciones hechas por De Aldama el jueves ante un juez de la Audiencia Nacional, en las que aseguró haber realizado pagos a miembros del PSOE.
En su declaración, De Aldama afirmó haber pagado 400.000 euros al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, 250.000 euros al exasesor Koldo García, y 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También mencionó una solicitud de 50.000 euros para el presidente canario, Ángel Víctor Torres, aunque afirmó haberse negado a realizar dicho pago.
El PSOE considera que las declaraciones de De Aldama son “falsas, difamatorias, injuriosas y calumniosas”, y que buscan dañar el honor de los acusados, del Gobierno y del propio partido. Además, los demandantes creen que estas afirmaciones responden a una motivación política, sin pruebas que las respalden.
En su defensa, el ministro Ángel Víctor Torres, quien fue citado en la declaración de De Aldama, insistió en que el empresario no aportó pruebas ni documentos que respaldaran sus acusaciones. Torres calificó las declaraciones de “grotescas” y enfatizó que la “mentira no puede salir gratis”. El ministro también destacó que el PSOE actuó rápidamente al apartar a Ábalos cuando salió a la luz el caso Koldo, en contraste con otros partidos que, según él, “amparan y protegen” a sus miembros en casos de corrupción.
La demanda está dirigida al juzgado de primera instancia de Madrid y constituye una respuesta firme del PSOE ante las acusaciones del empresario, quien se encuentra en prisión preventiva por otra investigación relacionada con fraude de hidrocarburos.
