Ciudad de México, 30 Abr.- Un fuerte terremoto político sacude a México tras la acusación formal de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y conspiración para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
La imputación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, alcanza a un total de diez personas, entre ellas funcionarios en activo como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el vicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra. Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían colaborado con la organización criminal para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a cambio de sobornos y apoyo político.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían mantenido vínculos con la facción liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, quienes supuestamente habrían intervenido incluso en procesos electorales mediante intimidación y secuestro de rivales políticos.
El gobernador Rocha Moya rechazó de forma tajante las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y asegurando que demostrará su inocencia. “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra”, afirmó en un mensaje público, donde también denunció un supuesto ataque político contra su persona y el movimiento oficialista.
Desde el Gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó respaldo al mandatario estatal, mientras que la Cancillería anunció el envío de una queja diplomática a Washington por la forma en que se hizo pública la acusación, señalando que no se presentaron pruebas en los documentos compartidos.
El caso también ha generado tensiones en la relación bilateral. México confirmó haber recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición, que serán evaluadas por la Fiscalía General de la República conforme a los tratados internacionales vigentes.
En el plano político interno, la acusación ha profundizado la división entre oficialismo y oposición. Dirigentes del partido gobernante han defendido la presunción de inocencia de los señalados, mientras que sectores opositores consideran que el caso refuerza las denuncias sobre presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
Los acusados enfrentan cargos graves que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua en Estados Unidos, incluyendo conspiración para narcotráfico y posesión de armas automáticas. El desarrollo del caso podría tener importantes repercusiones tanto en la política mexicana como en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
