La Paz, 30 de abril.— La nacionalización de los hidrocarburos impulsada por el expresidente Evo Morales en 2006 cumple dos décadas en medio de crecientes cuestionamientos por el deterioro del sector energético en Bolivia, marcado por la caída de reservas, la disminución de inversiones y el aumento de la dependencia de combustibles importados.
El 1 de mayo de 2006, Morales sorprendió a la industria al anunciar desde el campo gasífero de San Alberto la nacionalización mediante el decreto “Héroes del Chaco”, que estableció el control total del Estado sobre el sector y obligó a multinacionales como Repsol, Petrobras y Total a renegociar contratos o abandonar el país.
La medida, que incluyó la ocupación militar de instalaciones, permitió al Estado aumentar significativamente sus ingresos durante los años de bonanza, con picos superiores a los 5.000 millones de dólares anuales entre 2013 y 2014. Sin embargo, expertos advierten que ese éxito inicial no se tradujo en sostenibilidad a largo plazo.
Según analistas del sector, la política estatal desincentivó la inversión privada en exploración, lo que derivó en una progresiva reducción de reservas. Actualmente, estas se sitúan en torno a 3,7 trillones de pies cúbicos, muy por debajo de los 10,7 registrados en 2017. La producción también ha caído de 60 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a cerca de 27 millones en 2025.
Las críticas también apuntan a la gestión de la estatal YPFB, que enfrenta limitaciones técnicas y financieras para desarrollar nuevos proyectos. De acuerdo con especialistas, la empresa habría invertido alrededor de 1.500 millones de dólares en iniciativas exploratorias sin resultados significativos.
Este escenario ha obligado al país a incrementar sus importaciones energéticas: actualmente Bolivia compra en el exterior cerca del 90 % del diésel y el 50 % de la gasolina que consume, una tendencia que podría agravarse en los próximos años.
Proyecciones oficiales incluso advierten que para 2029 Bolivia podría convertirse en importador neto de gas natural, un giro significativo para una nación que durante años basó buena parte de su economía en la exportación de este recurso.
A dos décadas de la nacionalización, el modelo energético boliviano enfrenta así uno de sus mayores desafíos, en medio del debate sobre la necesidad de reformas estructurales que permitan recuperar la producción y garantizar la seguridad energética del país.
