San Francisco, 15 de octubre.— Una jueza federal ordenó este miércoles al gobierno del presidente Donald Trump detener de inmediato los despidos de trabajadores federales iniciados durante el cierre parcial del gobierno, al considerar que las medidas fueron adoptadas sin la debida evaluación y con consecuencias humanas inaceptables.
La jueza Susan Illston, del Tribunal Federal de San Francisco, emitió una orden de emergencia después de que varias agencias comenzaran a enviar avisos de despido el pasado viernes, como parte de una estrategia del Ejecutivo para presionar al Congreso en medio del prolongado cierre gubernamental que ya cumple tres semanas.
“Es una política de disparar primero y apuntar después”, expresó Illston en su resolución. “Este tipo de decisiones tiene un alto costo humano que el tribunal no puede tolerar”.
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y otros sindicatos federales habían solicitado la medida judicial para impedir que la administración continuara con los despidos, argumentando que se trataba de un abuso de poder diseñado para castigar a los trabajadores y forzar a los legisladores demócratas a ceder en las negociaciones.
Contexto del cierre y tensiones políticas
El cierre del gobierno, iniciado el 1 de octubre, mantiene paralizadas amplias áreas de la administración federal. Los demócratas en el Congreso insisten en que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno debe incluir mayor financiamiento para la atención médica, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se niega a negociar hasta que los demócratas “cedan primero”.
Johnson advirtió que el actual cierre podría convertirse en el más largo de la historia de Estados Unidos.
En documentos judiciales, el gobierno informó que planeaba despedir a más de 4.100 empleados en ocho agencias federales, entre ellas las de educación, salud y programas sociales, áreas que Trump calificó como “demócratas” y aseguró que “nunca van a regresar”.
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa financiando plenamente al Ejército y a las operaciones de control migratorio, incluso intensificando las detenciones masivas de inmigrantes, una medida que ha sido fuertemente criticada por la oposición y grupos de derechos humanos.
Los sindicatos sostienen que los despidos son ilegales y se basan en la “falsa premisa” de que una interrupción temporal de fondos anula la autorización del Congreso para que las agencias continúen operando. El gobierno, por su parte, argumenta que el tribunal carece de jurisdicción para intervenir en decisiones de personal administrativo.
El fallo de Illston representa un revés judicial para la Casa Blanca y da un respiro a miles de empleados federales que enfrentaban la pérdida de sus trabajos en plena crisis presupuestaria.
