Madrid, 19 agosto.- La defensa de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, presunto líder de Los Lobos, considerada una de las principales organizaciones criminales de Ecuador, presentó un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional española de extraditarlo a su país, al considerar que no existen garantías suficientes para proteger sus derechos y que su vida podría estar en peligro.
El recurso, al que tuvo acceso EFE, solicita al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la decisión adoptada por la sección Tercera del mismo tribunal. La defensa sostiene que Ecuador no ha presentado garantías específicas, individualizadas y verificables sobre las condiciones en las que Chavarría cumpliría su condena.
Aunque la solicitud formal de extradición tiene como objetivo que el acusado termine de cumplir una condena de 16 años de prisión por tres homicidios cometidos durante un tiroteo ocurrido después del asalto a una entidad bancaria en 2010, su defensa considera que las autoridades ecuatorianas podrían tener otro interés.
En concreto, sospecha que Ecuador pretende utilizar su entrega para evitar el control de las autoridades españolas e investigarlo por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.
La Audiencia Nacional autorizó a finales de julio la extradición de Chavarría, varios meses después de haber rechazado su entrega a Estados Unidos, país que lo reclamaba por su presunta participación en una operación para introducir cinco kilogramos de cocaína en California.
Detenido en Málaga tras fingir su muerte
Chavarría fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, después de haber llegado a España en 2022 procedente de Colombia utilizando una identidad falsa.
Según la información incluida en el procedimiento, el presunto narcotraficante habría fingido su muerte en Ecuador y se habría sometido incluso a siete operaciones en el rostro para modificar su apariencia y evitar ser reconocido.
Uno de los argumentos centrales de su defensa es que la causa por la que Ecuador solicita su extradición llegó a ser declarada extinguida después de que las autoridades ecuatorianas lo consideraran fallecido.
En septiembre de 2021, un tribunal ecuatoriano declaró extinguida su condena de 16 años tras recibir un supuesto certificado de defunción que establecía que Chavarría había muerto el 23 de febrero de ese año.
Posteriormente se descubrió que el documento utilizado para registrar su fallecimiento era falso, por lo que la decisión que había extinguido la condena fue anulada.
Chavarría había sido condenado en 2010 por su participación en un asalto bancario ocurrido el 3 de julio de ese año. De acuerdo con la documentación enviada por Ecuador, él y otros dos implicados robaron unos 38.000 dólares de una sucursal bancaria.
Durante la posterior persecución policial se produjo un intercambio de disparos en el que murieron tres personas. Chavarría llegó a cumplir más de 11 años de la condena de 16 años que le fue impuesta.
La defensa vincula a ‘Pipo’ con el caso Villavicencio
Otro de los argumentos utilizados en el recurso está relacionado con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, ocurrido en agosto de 2023.
La defensa recuerda que en febrero Chavarría fue interrogado en la prisión de Zuera, Zaragoza, a petición de la Fiscalía ecuatoriana, dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato del político.
Según su versión, durante ese interrogatorio vinculó al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, con el supuesto encargo del asesinato de Villavicencio, una acusación que la defensa considera que podría poner en peligro la vida de su representado si es trasladado a Ecuador.
Por ello, sostiene que el verdadero interés de las autoridades ecuatorianas podría estar relacionado con esa investigación, pese a que oficialmente la extradición no se ha solicitado por ese procedimiento.
La defensa también considera especialmente preocupante que Chavarría haya sido señalado públicamente por autoridades ecuatorianas como integrante de la categoría de «narcoterroristas», lo que, a su juicio, incrementaría el riesgo de sufrir represalias en prisión.
España exigió garantías penitenciarias
La solicitud de extradición fue analizada durante una vista celebrada en junio. La Fiscalía española apoyó la entrega, mientras que la defensa se opuso alegando que Chavarría podría sufrir tratos inhumanos o degradantes y que existiría un riesgo para su integridad física.
Ante las dudas planteadas, el tribunal español solicitó a Ecuador información adicional sobre el tiempo de condena que todavía debe cumplir, calculado en casi cinco años, así como garantías penitenciarias específicas sobre las condiciones en las que permanecería recluido.
Las autoridades ecuatorianas respondieron con información sobre la legislación nacional relativa a los derechos de las personas privadas de libertad y detallaron medidas destinadas a proteger la vida y la integridad física de los presos.
La Audiencia Nacional consideró que la respuesta constituía una «extensa contestación» y concluyó que ofrecía garantías suficientes para considerar que el ingreso de Chavarría en prisión respetaría sus derechos fundamentales.
Sin embargo, su defensa mantiene una posición contraria y sostiene que la documentación enviada por Ecuador no ofrece garantías concretas de protección.
Ahora será el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el que deberá analizar el recurso. En cualquier caso, la decisión definitiva sobre la entrega de Wilmer Chavarría a Ecuador corresponde al Gobierno español.
