Los Ángeles, 11 Agosto.- Más de 170.000 inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos enfrentan una cuenta regresiva ante el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), previsto para el próximo 9 de septiembre, una medida que podría dejarlos sin autorización de trabajo y expuestos a procesos de deportación.
El TPS para El Salvador fue concedido en febrero de 2001, después de los dos terremotos que devastaron el país ese año. Desde entonces, miles de salvadoreños han permanecido bajo esta protección, muchos de ellos durante más de dos décadas.
La posible pérdida del beneficio ha generado preocupación entre los inmigrantes y sus familias. Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), aseguró que su organización recibe numerosas llamadas de personas que buscan orientación ante el temor de perder su estatus migratorio.
«La gente está atemorizada», señaló Tejada, quien ha participado durante años en los esfuerzos para mantener la protección migratoria.
El Gobierno de Trump mantiene su ofensiva contra el TPS
La situación de los salvadoreños se produce en el marco de la política de la Administración del presidente Donald Trump, que desde su primer mandato ha intentado reducir o eliminar el TPS para distintos países.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó poner fin al TPS para El Salvador y concedió a los beneficiarios un periodo de transición para buscar otra alternativa migratoria o abandonar el país.
La medida fue posteriormente bloqueada en los tribunales después de que beneficiarios del programa y sus hijos estadounidenses presentaran una demanda en la que alegaban que la decisión estaba basada en motivos discriminatorios.
Sin embargo, durante su segundo mandato, Trump retomó la eliminación del TPS para varios países. La situación se complicó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos reconociera la autoridad del Ejecutivo para revocar este tipo de protección.
En el caso de El Salvador, organizaciones migratorias estiman que alrededor de 170.000 personas podrían quedar fuera del programa cuando expire la protección el 9 de septiembre.
Temor entre los beneficiarios
La incertidumbre ha provocado que muchos beneficiarios reduzcan su exposición pública por temor a convertirse en objetivo de las autoridades migratorias.
Algunos salvadoreños amparados por el TPS han optado incluso por no revelar públicamente sus identidades mientras esperan una posible solución legal o legislativa.
El abogado de inmigración Fernando Romo considera poco probable que la protección sea extendida y advierte que la situación podría resultar especialmente complicada para quienes llevan décadas viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos bajo el programa.
La pérdida del TPS implicaría el fin de la autorización de trabajo y de la protección contra la deportación asociada al programa, salvo que los beneficiarios puedan acogerse a otra vía migratoria.
Piden una solución al Congreso
Los defensores del TPS reclaman al Congreso de Estados Unidos que establezca una vía permanente para las personas que llevan décadas residiendo en el país.
José Urias, empresario salvadoreño protegido por el TPS y miembro de la Alianza TPS, sostiene que muchos beneficiarios han trabajado, pagado impuestos y creado empresas y empleos durante años sin haber recibido una alternativa para regularizar definitivamente su situación.
Los defensores también reclaman una mayor participación del Gobierno salvadoreño. Teresa Tejada considera que el presidente Nayib Bukele debería intervenir en favor de los salvadoreños protegidos por el TPS, especialmente por la importancia de las remesas que envían a El Salvador.
Mientras se acerca la fecha límite del 9 de septiembre, organizaciones comunitarias y abogados de inmigración instan a los beneficiarios a revisar individualmente sus opciones legales y buscar asesoramiento profesional antes de que expire su protección.
