Bogotá, 19 agosto.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros organismos de control un documento denominado ‘Libro de la Verdad’, que reúne 82 casos de presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción registrados durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).
La entrega se realizó en Bogotá durante un acto conmemorativo por el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, donde el mandatario pidió a las autoridades analizar la información y actuar conforme a la legislación vigente.
«Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde», afirmó De la Espriella durante el evento.
El material fue recopilado a partir de las reuniones y documentos revisados durante el fallido proceso de transición de Gobierno entre los equipos de De la Espriella y Petro. Ambos dirigentes decidieron no reunirse personalmente al concluir la administración anterior y comenzar el nuevo mandato.
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, también confirmó la entrega del documento a través de sus redes sociales y señaló que el informe contiene 82 casos documentados durante el proceso de empalme.
82 expedientes sobre presuntas irregularidades
El Libro de la Verdad consta de 135 páginas y reúne los 82 casos en diferentes expedientes relacionados con entidades públicas y programas estatales.
Entre los organismos mencionados figuran la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sistema de salud, empresas estatales y distintos programas sociales.
El informe también incorpora documentación relacionada con contratos públicos, convenios administrativos y decisiones presupuestarias que, según el actual Gobierno colombiano, podrían revelar patrones de manejo irregular de recursos públicos.
De la Espriella sostuvo que la presentación del documento responde a una demanda de la ciudadanía para esclarecer el destino de los fondos estatales y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos señalados.
«El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre», manifestó el presidente.
El mandatario explicó que durante el proceso de transición los equipos del nuevo Gobierno revisaron documentación procedente de diferentes entidades estatales. A partir de ese análisis, aseguró, fueron identificadas presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos que ahora deberán ser examinadas por las autoridades competentes.
La entrega del informe no implica por sí misma la existencia de responsabilidades penales y corresponderá a los organismos de investigación determinar la veracidad de las denuncias, establecer eventuales responsabilidades y definir si procede la apertura de procesos judiciales.
