Buenos Aires, 19 agosto.- El Gobierno del presidente argentino Javier Milei ha ampliado durante los últimos dos años el uso de tecnologías de vigilancia basadas en inteligencia artificial (IA), aumentando la capacidad del Estado para recopilar información, elaborar perfiles y vigilar a ciudadanos, denunció este miércoles Amnistía Internacional.
En un informe titulado ‘Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina’, la organización advirtió que la expansión de estas herramientas representa una amenaza para los derechos humanos y documentó una serie de cambios institucionales impulsados mediante decretos y resoluciones que, según la entidad, han permitido ampliar las capacidades estatales de recopilación y procesamiento de información.
De acuerdo con el informe, entre 2024 y 2025 el Gobierno argentino destinó aproximadamente 1,2 millones de dólares a la adquisición de tecnologías de vigilancia. Entre ellas figuran herramientas para monitorear redes sociales, sistemas de reconocimiento facial y tecnologías de vigilancia aérea.
«Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal», señaló Matt Mahmoudi, investigador y especialista en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
La organización sostiene que estas herramientas han sido utilizadas en un contexto en el que se ha incrementado la presión sobre sectores considerados críticos del Gobierno, incluidos participantes en protestas, periodistas, activistas y colectivos sociales.
Tecnologías para recopilar grandes volúmenes de información
El estudio de Amnistía se basó en 21 entrevistas realizadas a periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores de derechos humanos. La organización también analizó contratos públicos, documentación sobre las tecnologías adquiridas y datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información.
Entre las herramientas identificadas se encuentran plataformas capaces de recopilar y analizar grandes cantidades de datos procedentes de redes sociales, páginas web, la llamada web oscura y bases de datos públicas.
También fueron documentados sistemas de reconocimiento facial, drones y estaciones terrestres con seguimiento automatizado, además de cámaras térmicas y equipos capaces de transmitir imágenes en tiempo real.
Según Amnistía, el despliegue de estas tecnologías está teniendo un impacto especialmente significativo sobre periodistas, activistas y migrantes. Algunas de las personas entrevistadas afirmaron que han comenzado a limitar sus actividades públicas, autocensurarse o reducir su participación en manifestaciones por temor a ser identificadas mediante sistemas de vigilancia.
Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes, relató a la organización su experiencia durante las protestas y cuestionó la presencia de drones cerca de los manifestantes.
«Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo», afirmó Tapia, quien describió situaciones en las que un dron se encontraba a pocos metros sobre su cabeza durante las movilizaciones.
Amnistía exige controles sobre la vigilancia estatal
Ante la expansión de estas tecnologías, Amnistía Internacional pidió al Gobierno argentino establecer límites estrictos al uso de herramientas de vigilancia basadas en inteligencia artificial.
La organización reclamó específicamente la prohibición del desarrollo, producción, comercialización y utilización de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto cuando puedan emplearse para realizar vigilancia discriminatoria.
También solicitó establecer mecanismos independientes de regulación, supervisión y rendición de cuentas que permitan determinar cómo se utilizan estas herramientas y quiénes son responsables en caso de abusos.
«Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos», afirmó Mahmoudi.
El informe coloca así el debate sobre el uso de inteligencia artificial y vigilancia masiva en el centro de las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos en Argentina, especialmente por sus posibles efectos sobre la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
