CARACAS, 12 de marzo.— Según el más reciente informe de la organización no gubernamental Foro Penal, hasta el 10 de marzo 1.014 personas permanecen detenidas en Venezuela bajo la categoría de “presos políticos” del régimen chavista liderado por Nicolás Maduro. Esta cifra representa una reducción de 47 casos respecto a hace dos semanas, cuando se reportaban 1.060 detenciones políticas.
Un Balance Preocupante
El Foro Penal detalló que entre los detenidos hay 939 hombres y 121 mujeres, de los cuales 1.056 son adultos y 4 adolescentes de entre 14 y 17 años. La mayoría de estas detenciones ocurrieron tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó ilegítimamente la reelección de Maduro, mientras la oposición denunciaba un presunto fraude masivo.
De los 1.014 detenidos, 895 son civiles y 165 pertenecen a diferentes cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, desde 2014, la ONG ha registrado 18.300 casos de detenciones políticas en el país, evidenciando una política sistemática de represión contra la disidencia.
Denuncias de Abusos y Violaciones de Derechos Humanos
El lunes, otra ONG, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, alertó sobre graves abusos cometidos contra los detenidos en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua. Según la organización, los presos políticos enfrentan condiciones inhumanas, incluyendo:
- Alimentación en “mal estado”.
- Uso del hambre como “arma” de castigo.
- Golpizas y confiscación de pertenencias básicas entregadas por sus familiares.
“Los presos políticos son golpeados y despojados de lo poco que pueden llevarles sus familiares,” denunció la ONG en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
Estas acusaciones coinciden con informes previos de organizaciones internacionales de derechos humanos, que han documentado violaciones sistemáticas en cárceles venezolanas, especialmente en centros controlados por grupos irregulares vinculados al régimen.
El Caso del Adolescente de 17 Años
En un caso particularmente alarmante, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos reveló que un adolescente de 17 años enfrenta juicio en Venezuela acusado de los delitos de “terrorismo” e “incitación al odio”. El joven fue detenido el pasado 11 de enero en su hogar en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, por un grupo de hombres encapuchados y armados.
Según la ONG, durante su detención:
- Lo sacaron de su casa bajo amenazas de muerte.
- Su madre fue agredida físicamente.
- Su hermana de nueve años quedó profundamente traumatizada.
- Durante el traslado, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo golpeó.
La Fiscalía solicitó en audiencia telemática la privación de libertad del adolescente y una pena de diez años de prisión, a pesar de que su defensa ha señalado la falta de pruebas y las irregularidades en el proceso.
“Su defensa ha demostrado la arbitrariedad de su detención y los vicios en el proceso, señalando que se han violado sus derechos humanos como adolescente,” afirmó la ONG.
El comité también denunció que el juzgado se ha negado a declarar la nulidad del juicio y proceder a su liberación, mientras la Fiscalía insiste en mantenerlo preso de manera arbitraria.
El adolescente participaba en un grupo de WhatsApp con amigos, donde discutían temas musicales y, ocasionalmente, comentaban sobre el acontecer nacional. Sin embargo, estas conversaciones fueron utilizadas como “evidencia” para acusarlo de terrorismo.
El Contexto Postelectoral
Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, la represión contra la oposición y la sociedad civil se intensificó. Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas por generar “violencia” durante las protestas poselectorales, aunque esta cifra es mayor a la registrada por el Foro Penal, que solo incluye casos verificados.
El régimen de Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, niegan la existencia de presos políticos en Venezuela, argumentando que todos los detenidos cometieron delitos. Sin embargo, organismos internacionales y ONGs han documentado múltiples casos de arrestos arbitrarios, torturas y procesos judiciales amañados.
La Estrategia de Maduro: Afianzarse en los Militares
El dictador Nicolás Maduro ha profundizado su dependencia de los militares para mantenerse en el poder. En los últimos meses, ha promovido ascensos y asignado cargos clave a leales dentro de la FANB, asegurándose de que las fuerzas armadas actúen como garantes de su régimen.
Esta estrategia ha generado divisiones internas en algunos sectores de la FANB, pero hasta ahora, Maduro ha logrado contener cualquier intento significativo de desafío desde las filas militares.
Conclusión: Una Crisis Humanitaria y Política
La persistencia de detenciones arbitrarias y la represión contra la disidencia reflejan la profunda crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. Mientras el régimen de Maduro utiliza la persecución como herramienta para silenciar voces críticas, las organizaciones de derechos humanos advierten que estas prácticas están socavando aún más la ya frágil democracia del país.
“La justicia en Venezuela está secuestrada por el régimen. No hay garantías para los detenidos ni respeto por los derechos fundamentales,” concluyó un representante del Foro Penal.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo evoluciona la situación en Venezuela, consciente de que la falta de soluciones podría prolongar aún más el sufrimiento de millones de venezolanos.
