Caracas, 24 Abril.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el fin de la ley de amnistía tras asegurar que la medida benefició a más de 8.600 personas, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos.
Durante un acto oficial para la conformación de una comisión orientada a la reforma del sistema de justicia penal, Rodríguez defendió la aplicación de la normativa y afirmó que 8.616 ciudadanos “tienen hoy libertad plena” gracias a este instrumento.
La mandataria explicó que la nueva comisión abordará casos que quedaron fuera del alcance de la amnistía, como parte de un proceso que, según el gobierno, busca una “reestructuración profunda” del sistema judicial bajo criterios de equidad y enfoque humanista.
No obstante, las cifras ofrecidas por el Ejecutivo contrastan con los datos de organizaciones independientes, que sostienen que el número de excarcelaciones directamente vinculadas a la amnistía es considerablemente menor, lo que ha reavivado el debate sobre la transparencia del proceso.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó la decisión como un “grave atropello al Estado de derecho”, al considerar que una ley de este tipo no puede ser finalizada de forma unilateral por el Ejecutivo. Además, advirtió que esta medida genera inseguridad jurídica y deja en situación de vulnerabilidad a potenciales beneficiarios.
Según la organización, clausurar la amnistía mediante una declaración administrativa podría afectar futuras solicitudes de libertad, al enviar una señal a los tribunales para desestimar estos casos sin base legal.
El anuncio se produce en un contexto político marcado por tensiones internas y expectativas de cambios institucionales, mientras persisten denuncias sobre la situación de los detenidos por motivos políticos en el país.
La decisión del gobierno abre un nuevo escenario en el debate sobre justicia, reconciliación y garantías legales en Venezuela.
