Barcelona, 24 abr.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha matizado este viernes que el criterio de “prioridad nacional” pactado con el Partido Popular en Aragón para el acceso a prestaciones públicas se aplicará tanto a españoles de origen como a ciudadanos que hayan adquirido la nacionalidad.
En una entrevista en RTVE, Garriga ha aclarado la interpretación realizada por el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, quien había afirmado el jueves que “es español el nacido de padre y madre española”, en referencia a los beneficiarios de dichas medidas.
Ignacio Garriga ha calificado esa afirmación como un “error” y ha defendido que la legislación española establece que “es español quien tiene el DNI”, subrayando que existen casos de ciudadanos nacionalizados sin ascendencia española directa.
No obstante, el dirigente de Vox ha señalado que “llegará un momento” en el que será necesario abrir un debate sobre el concepto de nacionalidad, al considerar que actualmente “se regala”.
Sobre la aplicación del principio de prioridad nacional, Garriga ha admitido dificultades legales, aunque ha defendido su encaje constitucional. Según ha explicado, la propuesta podría articularse mediante criterios como el tiempo de empadronamiento, la escolarización o el arraigo familiar en la comunidad.
“No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte, sino en base al arraigo”, ha afirmado.
Las declaraciones se producen en medio de las críticas de dirigentes del Partido Popular, que han cuestionado el alcance de esta medida. Desde el PP se ha insistido en que la prioridad debe basarse en el arraigo y ajustarse a la Constitución, tal como figura en el acuerdo firmado entre ambas formaciones.
Por otro lado, Garriga ha defendido la eliminación de políticas lingüísticas en Aragón que fomenten el catalán en determinadas zonas, y ha criticado el gasto público destinado a estos programas.
En materia migratoria, el dirigente de Vox ha reiterado la posición de su partido a favor de la expulsión de personas en situación irregular, aunque ha matizado que debe garantizarse una atención básica mientras permanezcan en territorio español, y ha defendido que las deportaciones deben ejecutarse “con contundencia y seguridad”.
