Tecoluca, El Salvador, 24 Abril.- El inédito juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) continuó este jueves con su cuarta jornada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los acusados fueron trasladados uno a uno desde sus celdas hasta un área habilitada dentro del penal, donde siguieron la audiencia de forma virtual a través de pantallas conectadas con el tribunal en San Salvador.
Las autoridades penitenciarias señalaron que entre los procesados se encuentran cabecillas históricos de la estructura criminal, incluyendo líderes conocidos como “ranfleros”, corredores y jefes de células, a quienes se atribuye durante años la dirección de actividades delictivas que afectaron gravemente al país.
De acuerdo con la Fiscalía General, entre los acusados figura Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, requerido por la justicia estadounidense, junto a otros 22 líderes considerados de alto nivel dentro de la organización.
Los imputados enfrentan cargos por delitos graves, incluidos al menos 86 asesinatos que detonaron en marzo de 2022 una de las mayores olas de violencia en la historia reciente de El Salvador, con más de 80 homicidios en apenas tres días.
Además, la Fiscalía atribuye a estos líderes la responsabilidad indirecta en miles de crímenes, incluyendo la muerte de decenas de policías, al señalar que eran quienes autorizaban ataques contra fuerzas de seguridad, rivales y civiles.
El proceso se desarrolla bajo un modelo de juicio masivo, establecido tras reformas legales que permiten agrupar a cientos de acusados en una sola causa y mantener abierta la posibilidad de incorporar nuevos imputados.
El presidente Nayib Bukele ha defendido este mecanismo, comparándolo con los juicios de Núremberg, mientras que organizaciones de derechos humanos han cuestionado su legalidad, advirtiendo sobre posibles vulneraciones al debido proceso.
El megajuicio se enmarca en el régimen de excepción vigente desde 2022, una medida que ha permitido la detención de más de 91.000 personas sospechosas de pertenecer a pandillas, pero que también ha sido objeto de críticas por denuncias de abusos, muertes bajo custodia y restricciones a garantías fundamentales.
A pesar de la polémica, la estrategia de seguridad del gobierno mantiene un alto respaldo popular, en un país que durante años fue considerado uno de los más violentos del mundo.
