Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr.- Un total de 42.790 personas han presentado solicitud telemática para iniciar su proceso de regularización en España desde la apertura del procedimiento el pasado jueves hasta la medianoche de este domingo, según datos facilitados por el Gobierno.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido las cifras durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, detallando que el primer día se registraron 13.400 solicitudes, el viernes 13.500, el sábado 8.300 y el domingo 7.300 en todo el territorio nacional.
Además, el Ejecutivo ha informado de que 29.900 personas han solicitado cita presencial para continuar el trámite en oficinas habilitadas, que comenzarán a operar este lunes en sedes de Correos, la Seguridad Social y otras entidades colaboradoras, incluidas ONG en el caso de Canarias.
El teléfono de atención 060 ha recibido alrededor de 47.000 consultas relacionadas con este proceso extraordinario de regularización, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros.
El Gobierno ha señalado que todavía no existen datos desagregados por comunidades autónomas, aunque se prevé que se publiquen a lo largo de la próxima semana.
Llamamiento a la cooperación institucional
Torres ha pedido “máxima colaboración institucional” y ha reclamado a las administraciones públicas implicadas que agilicen la expedición de documentos necesarios, como los certificados de vulnerabilidad emitidos por los ayuntamientos.
En este sentido, ha advertido contra posibles obstáculos administrativos y ha instado a evitar que se “pongan palos en las ruedas” a un procedimiento que considera de carácter excepcional.
El ministro ha criticado la postura del Partido Popular respecto a este proceso y ha defendido la coherencia del Ejecutivo, recordando que procesos similares ya se llevaron a cabo en etapas anteriores de gobiernos de distinto signo político.
Debate político sobre el proceso
Torres ha rechazado las acusaciones de que esta medida pueda generar un “efecto llamada”, asegurando que la regularización está limitada a personas que ya se encontraban en España antes de una fecha determinada.
Según el ministro, el proceso no implica un aumento de presión sobre recursos como la vivienda, ya que se trata de personas que ya residían en el país antes de la regularización.
El Ejecutivo sostiene que este procedimiento busca ordenar la situación administrativa de miles de personas y reforzar la cohesión social, en un contexto de debate político sobre la gestión migratoria en España.
