Toronto, 14 de octubre.- El ministro de colegios y universidades de Ontario ha prohibido a tres colegios profesionales poder ofrecer asistencia financiera estudiantil financiada con fondos públicos hasta al menos 2030, después de haberlos bloqueado previamente del programa solo para este año.
Una orden de mayo de Nolan Quinn significó que seis escuelas, incluidas cuatro ubicaciones de Academy of Learning, no pudieron acceder al Programa de Asistencia Estudiantil de Ontario para el año académico 2026-27, contra el cual la mayoría de ellas están luchando en los tribunales.
La decisión de Quinn se produjo tras inspecciones gubernamentales que encontraron evidencia que sugería que terceros estaban completando el trabajo del curso (a veces cursos completos en un día) y algunos estudiantes que no podían nombrar su escuela o programa, alegan los funcionarios en documentos presentados ante el tribunal.
Tres ubicaciones de Academy of Learning, que comparten una empresa matriz, actualizaron su demanda judicial a principios de este mes para decir que Quinn ahora los ha bloqueado de OSAP por tres años más luego de una decisión “final” de su ministerio.
La oficina de Quinn no hizo comentarios, pero las reglas que rigen el sector dicen que si se descubre que una institución no cumple con esas reglas, no será elegible para OSAP durante tres años.
Las escuelas argumentan en su solicitud judicial que la decisión de Quinn no fue razonable y procesalmente injusta.
El ministerio “impuso y se basó en nuevos criterios de aprobación y estándares probatorios sin previo aviso adecuado, y se basó en información y análisis adversos que no fueron divulgados adecuadamente”, escribieron las escuelas.
Las preocupaciones sobre el uso de OSAP en algunas universidades profesionales no se limitan a las seis ubicaciones inicialmente contempladas por la orden de Quinn. Career Colleges Ontario comenzó a plantear preocupaciones en 2023 y, en febrero, destacó 14 campus cuyos patrones de solicitud “incluyen indicadores consistentes con una posible actividad sospechosa”, escribieron al gobierno en una carta presentada como parte del caso judicial.
Quinn anunció la semana pasada que el gobierno llamó a los auditores KPMG en agosto y, basándose en «serias preocupaciones» en sus conclusiones preliminares, la provincia remitió el asunto a la Policía Provincial de Ontario.
Las preocupaciones incluyen la participación de empresas de servicios de inmigración y la coubicación entre universidades profesionales privadas y empresas de reclutamiento o servicios de inmigración, validación inadecuada de los estudiantes y verificación de la inscripción y los resultados de los cursos, y concentraciones inusualmente altas de solicitudes OSAP presentadas desde las mismas ubicaciones geográficas, dijo Quinn.
