MADRID, 12 de marzo.— Un centenar de representantes de policías nacionales y guardias civiles se concentraron este miércoles cerca del Congreso de los Diputados para expresar su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la formación independentista Junts per Catalunya, que delega competencias en materia de inmigración y fronteras a la Generalitat de Cataluña. Los agentes denunciaron que esta medida representa un “desguace” del Estado y permite que los Mossos d’Esquadra asuman funciones exclusivas de las fuerzas de seguridad estatales.
El Contexto: El Debate en el Congreso
La protesta coincidió con una interpelación en la cámara baja al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el controvertido acuerdo. La plataforma que convocó la manifestación agrupa a quince sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, quienes sostienen que las fuerzas de seguridad del Estado son los únicos garantes legítimos de la seguridad nacional.
Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Sánchez nos vende, Marlaska se esconde” y un féretro de cartón con la inscripción “D.E.P Policía Nacional en Cataluña”, simbolizando su percepción de que el pacto debilita gravemente sus funciones en la región. Además, dos maniquíes vestidos de policía y guardia civil lucían caretas con los rostros de Sánchez y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en clara crítica al Ejecutivo central.
El Apoyo de la Oposición
La concentración contó con el respaldo explícito de dirigentes del Partido Popular (PP) y Vox. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó que la seguridad nacional pasa por mantener el control de fronteras e inmigración en manos del Estado.
“El pacto con Junts es malo para Cataluña y, por supuesto, malo para el conjunto de la soberanía nacional,” declaró Feijóo, quien evitó responder preguntas sobre otros temas políticos para centrarse en la defensa de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, calificó el acuerdo como una “traición a la seguridad nacional” y aseguró que su partido seguirá luchando contra cualquier intento de fragmentar las competencias exclusivas del Estado.
El Manifiesto: Críticas al Gobierno y Amenazas Legales
Durante la protesta, los secretarios generales del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, leyeron un manifiesto en el que acusaron al Gobierno de “vulnerar las leyes, ceder a chantajes partidistas y arriesgar la seguridad nacional”. Entre sus principales críticas destacaron:
- Cesión ilegal de competencias: Denunciaron que el acuerdo permite a los Mossos d’Esquadra asumir funciones que son exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, algo que consideran un “atentado” a la Constitución.
- Complicidad con independentistas: Acusaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “ponerse de perfil”, “encubrir” a los independentistas y hacer dejación de funciones al dejar desprotegidos a los agentes frente a quienes “desafían el orden constitucional”.
- Recurso a la Justicia: Advirtieron que si nadie pone freno al acuerdo, recurrirán a tribunales tanto dentro como fuera de España para que los responsables “respondan por sus actos ante los tribunales”. Subrayaron que ceder atribuciones a las pretensiones de un prófugo de la Justicia, en referencia a Puigdemont, “no puede salir gratis, es ilegal”.
“Serán los propios agentes y los ciudadanos e instituciones que les apoyen quienes acabemos con esta locura, siempre dentro de la legalidad,” afirmaron en el manifiesto.
Defensa del Ministro del Interior
Durante el debate en el Congreso, el ministro Grande-Marlaska defendió el acuerdo argumentando que busca mejorar la gestión migratoria en Cataluña sin comprometer la seguridad nacional ni las competencias exclusivas del Estado. Sin embargo, los agentes reunidos frente al Congreso rechazaron estas explicaciones, acusando al ministro de falta de claridad y contundencia en su respaldo a la legalidad y a las fuerzas de seguridad.
Conclusión: Una Crisis Política y de Seguridad
La protesta refleja la creciente tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y el Gobierno de Pedro Sánchez por el acuerdo con Junts. Los policías y guardias civiles ven en esta medida una amenaza directa a su papel como garantes de la seguridad nacional y temen que pueda abrir un precedente peligroso para la estructura del Estado.
“Estamos ante un ataque frontal a la Carta Magna y a la seguridad de todos los españoles,” concluyó un representante policial durante la protesta.
Mientras tanto, la oposición política aprovecha la controversia para presionar al Ejecutivo, mientras que el Gobierno insiste en que el pacto busca mejorar la gestión administrativa sin comprometer la unidad del Estado. El futuro de este acuerdo dependerá, en gran medida, de cómo evolucione el debate político y judicial en los próximos meses.
La situación plantea serios interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para equilibrar las demandas independentistas con la preservación de la soberanía nacional y la seguridad pública.
