Feijóo Defiende a Policías y Guardias Civiles ante el Traspaso de Competencias en Cataluña

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MADRID, 10 de marzo.— El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reiterará este lunes su respaldo a los cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, frente a lo que considera un intento de “desmantelar” su presencia en Cataluña. Esta postura surge tras el acuerdo entre el PSOE y Junts, que contempla la transferencia de competencias estatales en materia de inmigración y control de fronteras a la comunidad autónoma, una decisión que el PP califica de “anticonstitucional” y “anómala”.


Reunión con Sindicatos Policiales y Asociaciones de la Guardia Civil

Feijóo se reunirá esta mañana en el Congreso con una quincena de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para expresarles su apoyo y garantizarles que, en caso de llegar al Gobierno, revertirá esta medida. Estará acompañado por destacados miembros del partido, como la secretaria general Cuca Gamarra, el portavoz adjunto Miguel Tellado y la diputada Ana Belén Vázquez.

Según fuentes del PP, Feijóo subrayará que esta transferencia no solo es “claramente anticonstitucional”, sino también “completamente anómala”, ya que ningún país de la Unión Europea ha delegado competencias sobre control de fronteras a sus gobiernos regionales.

“Además de ser claramente anticonstitucional, es completamente anómala”, han señalado desde el partido.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrecerá una rueda de prensa tras la reunión para informar sobre los detalles del encuentro y las próximas acciones del partido en defensa de las competencias estatales.


El Pacto PSOE-Junts: Una “Nueva Humillación” para las Fuerzas de Seguridad

Para el PP, este pacto representa una nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes con el objetivo de mantenerse en La Moncloa. Según los populares, esta medida no solo compromete la seguridad nacional, sino que también debilita el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes de la seguridad de todos los ciudadanos y del control de fronteras en todo el territorio español.

“Es una estrategia política de vaciado de competencias que debilita la estructura nacional de seguridad”, advierten desde el PP, quienes ven este acuerdo como una “nueva humillación” para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El partido critica que esta decisión responde a intereses políticos y no a criterios de eficacia o seguridad, poniendo en riesgo la integridad del modelo de seguridad nacional.


Contexto: Un Debate Constitucional y Político

El traspaso de competencias en materia de inmigración y control de fronteras a Cataluña ha generado un intenso debate político y jurídico. Mientras el PSOE y Junts argumentan que la medida busca dar mayor autonomía a la región, el PP y otros sectores consideran que vulnera principios constitucionales fundamentales, especialmente aquellos relacionados con la unidad de España y la soberanía nacional.

El PP insiste en que este tipo de decisiones fragmenta la estructura de seguridad del país y abre la puerta a una “pretendida desconexión” de Cataluña del resto de España, profundizando las tensiones territoriales y políticas.


Conclusión: La Postura del PP Frente a la Transferencia de Competencias

La postura del PP refleja su rechazo frontal a cualquier medida que considere una cesión a los independentistas o una amenaza a la unidad de España. A través de esta reunión con los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, Feijóo busca consolidar su imagen como defensor de las instituciones del Estado y de las fuerzas de seguridad, al tiempo que critica duramente al Gobierno por lo que considera una estrategia de “vaciado de competencias”.

“Nos comprometemos a revertir esta injusticia si llegamos al Gobierno”, aseguran desde el PP, dejando claro que esta cuestión será una prioridad en su agenda política.

Mientras tanto, el debate sobre el alcance de las competencias autonómicas en materia de seguridad e inmigración sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre el Estado central y las comunidades autónomas, especialmente en un contexto de tensiones políticas como el actual.

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