Madrid, 20 agosto.- El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurre a clínicas privadas para garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) ante la «insuficiencia de medios» y la imposibilidad de algunos hospitales públicos de asumir todos los procedimientos, según consta en un expediente de contratación de la administración regional.
El documento, tramitado el pasado 13 de agosto para el Hospital Universitario El Escorial, señala entre las causas de esta situación el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte de profesionales sanitarios.
La Comunidad de Madrid sostiene que la contratación externa busca garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres que tienen derecho a recibir atención sanitaria pública.
La mayoría de los abortos ya se realizan en centros privados
Los datos de la Dirección General de Salud Pública muestran la magnitud de la dependencia del sistema privado. Durante 2025 se practicaron 18.221 abortos en la Comunidad de Madrid.
De ese total, únicamente 92 se realizaron en hospitales públicos, mientras que 18.129 fueron practicados en clínicas privadas acreditadas.
Por nacionalidad de nacimiento, 8.332 de las mujeres atendidas habían nacido en España y 9.889 procedían de otros países.
La Consejería de Sanidad ha defendido que cualquier hospital público madrileño puede ofrecer esta prestación y que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) garantiza el acceso al servicio, al tiempo que respeta el derecho de los médicos a acogerse a la objeción de conciencia.
El Gobierno de España acusa a Madrid de incumplir la ley
La situación ha generado críticas del Gobierno central. La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó al Ejecutivo madrileño de «incumplir la ley a sabiendas» y de limitar el derecho de las mujeres a elegir la sanidad pública para realizar la interrupción del embarazo.
García reclamó además a la Comunidad de Madrid que establezca el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, una medida que permitiría identificar al personal que ejerce ese derecho y facilitar la organización de la prestación en la red pública.
El debate se produce mientras Madrid continúa recurriendo de forma mayoritaria a centros privados para realizar abortos, pese a que la legislación establece que esta prestación forma parte de la cartera de servicios sanitarios públicos.
