Madrid, 20 agosto.- Los sindicatos CSIF y Jupol reclamaron al Gobierno español medidas urgentes ante el “colapso” y las condiciones laborales al límite que, según denuncian, enfrentan las fuerzas de seguridad y los servicios públicos de Ceuta como consecuencia de la presión migratoria.
Ambas organizaciones alertaron este jueves sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y el colapso organizativo que, a su juicio, atraviesa la ciudad autónoma, donde la presión sobre los servicios públicos habría superado “todos los límites de la capacidad humana”.
La CSIF y Jupol señalaron que la sala del 091 llega a recibir alrededor de 200 llamadas diarias, una cifra que consideran excesiva para las plantillas disponibles, que además deben afrontar las necesidades derivadas de la situación fronteriza y migratoria.
Denuncian condiciones “denigrantes” para los policías
Jupol también cuestionó las condiciones en las que permanecen los agentes de la Policía Nacional desplazados temporalmente a Ceuta.
Según el sindicato, algunos policías son alojados en módulos militares con hasta ocho literas por estancia y sin aire acondicionado, pese a las elevadas temperaturas registradas durante el verano.
La organización calificó estas condiciones de “denigrantes” y reclamó al Ejecutivo que adopte medidas para garantizar unas condiciones adecuadas para los agentes enviados a reforzar los dispositivos de seguridad en la ciudad.
Entre sus principales demandas figuran el refuerzo de las plantillas, unas condiciones laborales dignas, el fin del alojamiento que consideran “indigno” y la actualización de las dietas destinadas a los funcionarios desplazados.
Los sindicatos también exigieron mayor seguridad jurídica y respaldo institucional para los agentes que trabajan en primera línea de la crisis migratoria.
Reclaman espacios controlados para los migrantes
CSIF y Jupol consideraron además necesario establecer un sistema para reunificar a los inmigrantes en espacios controlados, con condiciones adecuadas y garantías sanitarias.
Las organizaciones sostienen que la situación actual está generando una presión extraordinaria sobre los servicios de seguridad y atención pública de Ceuta y pidieron al Gobierno que intervenga para evitar que el deterioro de los recursos disponibles continúe agravándose.
