Madrid, 6 sep.- La Audiencia Nacional española ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si la aplicación de la ley de amnistía a los casos de terrorismo vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR), un grupo independentista catalán, infringe el Derecho comunitario.
En un auto divulgado este viernes, el tribunal español ha planteado una cuestión prejudicial al considerar que la aplicación de la amnistía a los investigados por preparar actos violentos relacionados con el proceso secesionista catalán de 2017 podría contravenir la directiva de la UE contra el terrorismo y garantizar la impunidad.
Los jueces españoles argumentan que, al aplicar la amnistía a estos casos, se envía un mensaje que podría implicar que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados si están alineados con los intereses políticos de quienes promueven la ley de amnistía.
La ley de amnistía, aprobada en mayo pasado por el Parlamento español, beneficia a condenados, procesados e investigados en relación con el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017. Esta ley resultó de un acuerdo entre el Partido Socialista, actualmente en el Gobierno, y los soberanistas catalanes, con el respaldo de otras fuerzas de izquierda y nacionalistas e independentistas vascos, mientras que los conservadores y la extrema derecha se opusieron.
Según la Audiencia Nacional, los hechos investigados en el caso de los CDR se encuadran dentro de la definición de participación en grupo terrorista según la directiva europea y el Código Penal español. El tribunal señala que la ley de amnistía excluye, en principio, los delitos de terrorismo previstos en la directiva europea de su aplicación, aunque permite la amnistía en casos de graves violaciones de derechos humanos.
No obstante, los jueces consideran que la ley podría estar en conflicto con el Derecho de la UE al limitar la exclusión de la amnistía únicamente a las violaciones más graves de derechos humanos, dado que la directiva europea no hace distinción entre delitos de terrorismo que violen derechos humanos y los que no lo hagan.
Los investigados en el caso de los CDR enfrentan cargos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, transporte y fabricación de explosivos, y planificación de actos masivos contra objetivos como un cuartel de las fuerzas de seguridad y el Parlamento regional de Cataluña.