Lima, 11 de abril de 2026.- Perú ha desplegado desde este sábado a más de 100.000 efectivos de seguridad, entre policías y militares, para garantizar el orden durante las elecciones generales de este domingo, en las que más de 27,3 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en un contexto marcado por la inestabilidad política de la última década.
El operativo incluye más de 61.000 agentes de la Policía Nacional y más de 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, además de 10.338 patrullas distribuidas en todo el país para custodiar los más de 10.000 centros de votación habilitados.
El primer ministro, Luis Arroyo, subrayó que este despliegue tiene como objetivo garantizar la seguridad, el orden público y la protección del material electoral “con absoluta neutralidad y transparencia”. Asimismo, reafirmó el compromiso del Ejecutivo encabezado por el presidente interino José María Balcázar con una transición democrática ordenada.
Los comicios de este 12 de abril serán determinantes para el futuro institucional del país, que ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, reflejo de una profunda crisis política. En esta jornada, los peruanos elegirán presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino.
Uno de los aspectos más relevantes de estas elecciones es el regreso al sistema bicameral, con la restitución del Senado por primera vez en más de tres décadas, pese a que en 2018 la población rechazó esta medida en referéndum.
El Gobierno también destacó la coordinación con los organismos electorales, como la ONPE, respetando su autonomía y brindando apoyo logístico para asegurar un proceso sin contratiempos.
En paralelo, las autoridades hicieron un llamado a la participación ciudadana masiva. “El voto consciente e informado es la herramienta más poderosa para fortalecer nuestra democracia”, afirmó Arroyo.
La seguridad ciudadana se ha convertido en el principal tema de preocupación para los votantes, ante el incremento de delitos como extorsiones y asesinatos vinculados al crimen organizado, lo que añade presión a unos comicios considerados decisivos para la estabilidad del país.
