Roma, 8 mayo.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó este viernes que Washington impondrá nuevas sanciones contra Cuba en los próximos días, tras las medidas ya anunciadas el jueves contra el conglomerado militar cubano GAESA, durante una rueda de prensa en Roma posterior a su encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Rubio explicó que las sanciones forman parte de una estrategia de endurecimiento impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, y apuntan directamente a estructuras económicas vinculadas al aparato militar cubano.
Según el jefe de la diplomacia estadounidense, GAESA es un holding controlado por altos mandos militares que concentra importantes recursos económicos en la isla. Rubio afirmó que la organización “ha generado miles de millones de dólares en ingresos” que no se destinan a la población cubana, sino que benefician únicamente a sectores vinculados al poder.
“Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano”, sostuvo Rubio, al tiempo que acusó al conglomerado de canalizar recursos hacia un reducido grupo dentro del régimen sin impacto en servicios básicos o infraestructuras del país.
El secretario de Estado insistió en que las medidas no están dirigidas contra la población cubana, sino contra estructuras económicas que, según Washington, operan al margen del beneficio social general.
Rubio también indicó que nuevas acciones están en preparación, aunque no ofreció detalles concretos sobre su alcance, y afirmó que estas decisiones forman parte de la política de presión reforzada sobre La Habana.
Las sanciones anunciadas el jueves se enmarcan en una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que amplía el alcance de las restricciones hacia Cuba e incluye a entidades extranjeras que mantengan vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla, como energía, defensa, seguridad y finanzas.
El endurecimiento de la política estadounidense se produce en un contexto de creciente tensión diplomática y económica entre Washington y La Habana, con el objetivo declarado de limitar los flujos de financiación hacia el aparato estatal cubano.
