La Habana, 6 de mayo.- El Gobierno de Cuba ha puesto en vigor desde este martes una nueva normativa que permite a los ciudadanos cubanos residentes en el extranjero invertir directamente en la isla, en un intento por atraer capital de la diáspora en medio de una grave crisis económica y financiera.
La medida, recogida en el Decreto-Ley 117 y su reglamento, introduce la figura de “condición migratoria de inversores y de negocios”, con la que el Estado busca facilitar la participación de los cerca de tres millones de cubanos que viven fuera del país en proyectos económicos nacionales.
Según las autoridades, los ciudadanos que obtengan esta condición podrán operar con “los mismos derechos” que los residentes en la isla, lo que incluye la posibilidad de invertir sin intermediarios en sectores estratégicos como turismo, energía, minería e infraestructuras.
El jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, Mario Méndez, explicó que la nueva normativa elimina el concepto de “emigrado” y abre un marco legal más flexible para los cubanos en el exterior, incluyendo el reconocimiento de vínculos familiares, económicos y patrimoniales.
Por su parte, la Cancillería cubana indicó que la solicitud de esta condición deberá realizarse a través de consulados y estará vinculada a proyectos de inversión previamente aprobados en la isla.
El cambio legislativo forma parte de un paquete de reformas económicas anunciado desde 2024 por el Gobierno cubano, que intenta captar divisas ante las limitaciones de acceso a financiación internacional y el deterioro de su economía interna.
La decisión se produce además en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, que ha endurecido su política hacia La Habana con nuevas sanciones y restricciones comerciales.
Washington ha intensificado las medidas económicas, incluyendo limitaciones al suministro energético y advertencias a terceros países y empresas que mantengan relaciones comerciales con Cuba, en el marco de una estrategia de presión sobre el gobierno cubano.
Las autoridades de La Habana han denunciado estas acciones como parte de un “bloqueo económico” que, según afirman, agrava la crisis energética, los apagones prolongados y la escasez de bienes básicos en la isla.
A pesar de contactos recientes entre ambos países, no se han anunciado avances significativos en el diálogo bilateral ni acuerdos sobre reformas económicas o políticas.
