Madrid, 6 de mayo.- El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos presentados contra el procesamiento de Begoña Gómez y ha reiterado su decisión de que el caso sea juzgado por un tribunal de jurado popular, en una causa que permanece abierta tras el cierre de la instrucción el pasado mes de abril.
En un auto emitido este martes, el magistrado desestimó las peticiones de archivo presentadas por la defensa de Gómez, así como por los otros investigados, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. A dichas solicitudes se había sumado también la Fiscalía.
Peinado sostiene que existen indicios suficientes para mantener la causa abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida, y defiende que todos ellos deben ser analizados de forma conjunta por un jurado popular para evitar la fragmentación del procedimiento.
El magistrado ya había acordado previamente la remisión a jurado el pasado 20 de marzo, decisión que ahora confirma tras rechazar los recursos de reforma. Contra este nuevo auto, las partes aún pueden recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ya había intervenido en fases anteriores del procedimiento.
En su resolución, el juez volvió a insistir en la existencia de indicios que, según su interpretación, apuntan a conductas que calificó como “más propias de regímenes absolutistas”, en una referencia histórica incluida en autos previos.
La investigación se centra en determinar si Begoña Gómez habría podido beneficiarse de su posición institucional como esposa del presidente del Gobierno para favorecer intereses profesionales o empresariales vinculados a su entorno académico y laboral.
Pese al cierre formal de la instrucción, el juez ha continuado practicando diligencias ordenadas por la Audiencia Provincial, entre ellas la citación de un nuevo testigo, José María Torres, previsto para declarar el próximo 14 de mayo.
El caso sigue ahora pendiente de los recursos que puedan presentarse y de la decisión final de la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de determinar la continuidad del procedimiento y la validez del envío a juicio con jurado popular.
