San Salvador, 8 mayo.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves dos reformas constitucionales que reconfiguran el sistema electoral del país, al ampliar la participación política de la diáspora salvadoreña y modificar el mecanismo de designación del tribunal que supervisa las elecciones.
Las enmiendas fueron aprobadas sin un proceso previo de estudio legislativo amplio, según la oposición, y forman parte de una serie de cambios institucionales impulsados por el Gobierno de Bukele de cara al ciclo electoral previsto para 2027.
Una de las reformas establece por primera vez una circunscripción electoral específica para los salvadoreños residentes en el extranjero, lo que les permitiría elegir directamente a diputados en proporción a su peso dentro del padrón electoral. Hasta ahora, los votos de la diáspora se sumaban a la circunscripción de San Salvador.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, cerca de 960.000 salvadoreños están inscritos en el registro electoral en el exterior, aunque se estima que la diáspora total supera los tres millones de personas, principalmente residentes en Estados Unidos. Este cambio podría tener un impacto significativo en la composición de la Asamblea Legislativa, donde la oposición cuenta actualmente con una representación reducida.
El oficialismo defiende la medida como un reconocimiento político a la diáspora, que además constituye un pilar económico clave para el país, ya que las remesas familiares representan alrededor del 24 % del producto interior bruto de El Salvador.
Sin embargo, la oposición ha advertido que la redistribución de escaños podría diluir la representación territorial interna y dejar sin voz a ciertos departamentos del país.
La segunda reforma modifica el artículo 208 de la Constitución y cambia el mecanismo de selección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hasta ahora, estos cargos se distribuían con participación directa de los partidos políticos según su desempeño electoral. Con la nueva normativa, la selección se realizará mediante un proceso de convocatoria pública y evaluación por una comisión legislativa basada en criterios de “meritocracia”, eliminando las cuotas partidarias.
Los magistrados restantes seguirán siendo propuestos por la Corte Suprema de Justicia.
Críticos de la medida advierten que el nuevo sistema podría eliminar la representación de la oposición en el órgano electoral, dejando su influencia institucional reducida en un momento clave del calendario político.
La diputada Marcela Villatoro, de la oposición Arena, ha señalado que los cambios suponen una concentración del poder político y una reducción de la pluralidad en las instituciones electorales.
Con estas reformas, el oficialismo consolida una transformación profunda del sistema político salvadoreño, en un contexto en el que el presidente Bukele mantiene altos niveles de popularidad y control legislativo.
