Washington, 8 mayo.- Una jueza federal en Estados Unidos determinó este jueves que las directrices utilizadas por agentes migratorios para realizar detenciones civiles de inmigrantes sin orden judicial no cumplen con los estándares legales de causa probable y no deben servir como guía operativa.
La magistrada Beryl A. Howell, del tribunal federal en Washington D. C., mantuvo vigente una orden preliminar emitida en diciembre y criticó el marco utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señalando que no establece criterios suficientes para justificar detenciones inmediatas ni evalúa adecuadamente los vínculos de una persona con su comunidad antes de considerar un posible riesgo de fuga.
En su decisión, la jueza subrayó que los agentes no deben basarse en el estándar descrito en un memorando interno de cinco páginas del exdirector interino del ICE al momento de efectuar arrestos sin orden judicial dentro de su jurisdicción.
El fallo surge de una demanda presentada en 2025 por cuatro inmigrantes y la organización sin fines de lucro CASA, que cuestiona la legalidad de detenciones realizadas durante redadas migratorias en el contexto del incremento de la política de control fronterizo impulsada por el presidente Donald Trump.
La jueza también autorizó a los demandantes a acceder a más documentos sobre la implementación de estas políticas, aunque rechazó parte de sus argumentos al considerar que el gobierno ha cumplido parcialmente con la orden judicial previa.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades defendieron la actuación del ICE, asegurando que la agencia tiene potestad para realizar detenciones legales y que los agentes aplican criterios de “sospecha razonable” para investigar el estatus migratorio, además de “causa probable” para efectuar arrestos conforme a la Constitución.
El DHS sostuvo además que la Corte Suprema ha respaldado en el pasado este tipo de prácticas.
Por su parte, los abogados de los demandantes consideraron el fallo una validación de sus reclamos y afirmaron que la decisión refuerza la obligación de los agentes federales de ajustarse estrictamente a la ley durante las fases iniciales de cualquier detención migratoria.
El caso continúa en desarrollo en un contexto de creciente tensión judicial y política en torno a la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos.
