Ottawa, 8 Mayo.- Canadá atraviesa una de las transformaciones migratorias más profundas de las últimas décadas tras la implementación de nuevas restricciones legales, reducciones históricas en los niveles de admisión y un endurecimiento de las políticas de asilo y residencia temporal, medidas que ya están provocando importantes cambios demográficos y económicos en el país.
El gobierno canadiense estableció un límite anual de 380.000 nuevos residentes permanentes para el período 2026-2028, además de fijar objetivos de admisión de apenas 155.000 estudiantes internacionales y 230.000 trabajadores temporales.
Estas cifras representan una reducción cercana al 49 % en inmigración permanente y del 37 % en permisos temporales respecto a las metas anteriores, en un giro radical de la política migratoria impulsada durante años por Ottawa.
La decisión llega después de que Canadá registrara en 2025 una caída demográfica del 0,2 %, la primera disminución poblacional anual desde la Confederación de 1867, según datos oficiales de Estadísticas Canadá.
Las autoridades atribuyen este descenso principalmente a la reducción del número de residentes no permanentes, especialmente estudiantes internacionales y trabajadores temporales.
Nueva Ley C-12 endurece el sistema de asilo
Uno de los cambios más controvertidos es la entrada en vigor de la Ley C-12, aplicada desde el pasado 26 de marzo, que endurece significativamente el acceso al sistema de refugio.
La nueva normativa obliga a que las solicitudes de asilo sean presentadas dentro del primer año de permanencia en Canadá, una medida que organizaciones defensoras de refugiados consideran restrictiva y peligrosa para personas vulnerables.
Además, el gobierno federal modificó el Programa Federal Provisional de Salud, introduciendo copagos en medicamentos y tratamientos que anteriormente eran cubiertos en su totalidad para solicitantes de asilo y refugiados.
Diversas organizaciones médicas y civiles han advertido que estas medidas podrían aumentar los riesgos sanitarios y limitar el acceso a la atención médica de miles de migrantes.
Aumento de deportaciones y controles
El endurecimiento migratorio también se refleja en el incremento de deportaciones.
Las autoridades canadienses reportaron más de 23.000 expulsiones en el último año, una cifra superior a los objetivos oficiales establecidos por Ottawa y que ha generado preocupación entre grupos defensores de derechos humanos.
En Quebec, activistas y abogados de inmigración denuncian una aplicación más severa de la ley migratoria, así como un aumento de casos de familias enfrentadas a deportaciones inesperadas.
Quebec mantiene programas clave pero con límites
Pese al endurecimiento general, Ottawa prorrogó por un año los permisos de trabajo cerrados para ciertos trabajadores extranjeros temporales en Quebec que se encuentran en proceso de obtener la residencia permanente.
La provincia francófona también evalúa reabrir el Programa de Experiencia Quebequense (PEQ) durante dos años, aunque con un límite máximo de 45.000 admisiones anuales.
La posible reapertura del PEQ ha generado incertidumbre entre miles de inmigrantes temporales que desconocen si podrán beneficiarse de las nuevas reglas o si deberán abandonar la provincia.
La Corte Suprema obliga a Quebec a ampliar derechos
En paralelo, la Corte Suprema de Canadá ordenó recientemente a Quebec garantizar el acceso a guarderías subvencionadas para hijos de solicitantes de asilo, independientemente del estatus laboral de sus padres.
La decisión representa una victoria para organizaciones de defensa de refugiados, que denunciaban discriminación contra familias migrantes vulnerables.
Crisis en el sistema migratorio
El sistema migratorio canadiense también enfrenta fuertes críticas por los retrasos extremos en el procesamiento de solicitudes.
En algunos programas humanitarios, Inmigración Canadá reconoce plazos de espera “superiores a 10 años”, aunque expertos y abogados afirman que en ciertos casos podrían superar los 45 años.
Asimismo, la auditora general de Canadá, Karen Hogan, advirtió recientemente que el departamento de inmigración no ha podido investigar miles de casos considerados de “alto riesgo” relacionados con visas de estudio, debilitando la integridad del sistema.
Impacto económico y social
Expertos señalan que la reducción de inmigrantes temporales podría aliviar parcialmente la presión sobre la vivienda y los servicios públicos, pero advierten que también amenaza con agravar la escasez de mano de obra en sectores estratégicos como salud, construcción, transporte y agricultura.
El caso de Quebec es especialmente sensible, ya que hospitales y clínicas continúan enfrentando una fuerte falta de personal médico mientras miles de profesionales extranjeros encuentran barreras para ejercer sus profesiones.
La nueva política migratoria marca un cambio histórico en Canadá, un país que durante décadas construyó buena parte de su crecimiento económico y demográfico sobre la inmigración masiva y que ahora enfrenta un complejo debate entre control migratorio, necesidades laborales y protección de derechos humanos.
