San José, 8 de mayo.- La conservadora Laura Fernández asumirá hoy viernes la presidencia de Costa Rica hasta 2030 con la promesa de profundizar las políticas de seguridad implementadas por el gobierno saliente para enfrentar la creciente crisis de violencia vinculada al narcotráfico.
Fernández, politóloga de 39 años, llega al poder tras ganar las elecciones de febrero con el 49 % de los votos y obtener una sólida mayoría parlamentaria de 31 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa, lo que refuerza la posición del oficialismo liderado por el presidente saliente Rodrigo Chaves, quien dejará el cargo para asumir nuevas funciones en su administración.
La nueva mandataria ha anunciado una estrategia de “guerra sin cuartel” contra el crimen organizado, en un contexto en el que la violencia en el país centroamericano ha alcanzado niveles récord de homicidios en los últimos años. Costa Rica, tradicionalmente considerada una de las democracias más estables de la región, se ha convertido según informes internacionales en un punto estratégico del tráfico de cocaína hacia otros mercados.
El nuevo gobierno también ha impulsado la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en modelos regionales de combate al crimen, con el objetivo de albergar a líderes de organizaciones narcotraficantes. Esta política contará con apoyo de cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos.
La ceremonia de investidura contará con una amplia presencia internacional, incluyendo jefes de Estado y representantes de varios países, lo que refleja la relevancia regional del cambio de gobierno en Costa Rica.
En el plano político, Fernández inicia su mandato con mayoría legislativa, lo que le permitirá impulsar reformas en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, analistas advierten que también enfrenta desafíos económicos y fiscales en un contexto internacional incierto.
El gobierno saliente deja cifras macroeconómicas relativamente positivas, con crecimiento sostenido del PIB y control de la inflación, aunque con críticas por la limitada creación de empleo y el deterioro de la seguridad ciudadana.
Con su llegada al poder, Costa Rica entra en una nueva etapa política centrada en el combate al crimen organizado, un tema que domina la agenda nacional y redefine el enfoque de seguridad del país.
