Ciudad de Guatemala, 2 mar. 2026 — La región de Centroamérica y el Caribe atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, impulsada por el tráfico de cocaína y la lucha entre organizaciones criminales por el control de rutas y territorios, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El estudio publicado en febrero señala que la intensificación de la lucha antidrogas en México desde 2006 desplazó las rutas hacia corredores menos vigilados en Centroamérica, incrementando la violencia y debilitando la gobernabilidad en varios países, especialmente en el Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras.
Honduras y Guatemala presentan algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. En 2011, Honduras alcanzó un récord de 92 homicidios por cada 100,000 habitantes, comparable a zonas de conflicto armado. El informe advierte que “la violencia que vive la región es menos producto del tráfico de drogas en sí, y más de la lucha entre grupos subnacionales que buscan controlar territorios y fuentes de ingresos, legales o ilegales”.
Tipos de organizaciones criminales y delitos asociados
La UNODC distingue entre familias criminales locales, responsables del control territorial, y transportistas de droga, que facilitan el tráfico transnacional. Aunque pandillas como MS-13 y M-18 tienen un papel en extorsión y violencia cotidiana, su implicación directa en el narcotráfico sigue siendo limitada.
Recientemente, grupos como Los Zetas y las maras han diversificado sus actividades hacia el tráfico de migrantes, armas y trata de personas, con mujeres y niñas migrantes como principales víctimas de explotación sexual en la frontera sur de México y Guatemala.
El informe destaca que el 77 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, muchas provenientes de arsenales estatales sin registro, y que las décadas de conflictos armados y corrupción han dejado un legado de violencia difícil de erradicar.
Impacto económico y social
El crimen organizado afecta directamente la economía, la política y la confianza en la democracia. En Guatemala, apenas un 33 % de la población asegura que nunca apoyaría una dictadura militar, reflejando la fragilidad institucional. El uso creciente de seguridad privada y ejecuciones extrajudiciales evidencia la ausencia de un Estado efectivo.
La UNODC advierte que la respuesta exclusivamente militar o policial no resuelve el problema y en algunos casos agrava las violaciones de derechos humanos. Solo mediante fortalecimiento institucional, cooperación internacional y políticas de desarrollo integral se puede frenar el avance del crimen organizado.
Entre las recomendaciones, se enfatiza una estrategia de prevención integral, que involucre a gobiernos, sector privado y sociedad civil, evitando el “efecto desplazamiento”, donde la presión en un país traslada el problema a otro.
Experiencias como la tregua mediada por la Iglesia entre las maras en El Salvador en 2012 muestran que las soluciones coordinadas pueden reducir temporalmente la violencia, mientras que el vacío estatal en zonas remotas de Guatemala y Honduras ha facilitado el surgimiento de “autoridades alternativas” vinculadas al crimen.
El informe concluye que el reto de seguridad en Centroamérica y el Caribe requiere respuestas sostenidas y coordinadas, más allá del enfoque estrictamente represivo.
