Madrid, 27 mayo.- La Policía española registró este miércoles la sede central del Partido Socialista Obrero Español en Madrid por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades financieras y supuestos intentos de influir en procesos policiales y judiciales vinculados a antiguos miembros de la formación política del presidente Pedro Sánchez.
El operativo, ejecutado por la Guardia Civil, supone un nuevo golpe para el Gobierno socialista, que enfrenta múltiples investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias.
Desde Roma, donde se encontraba en visita oficial, Sánchez pidió “respeto a la justicia” y reiteró el compromiso del PSOE de actuar “con contundencia” ante cualquier comportamiento irregular que pueda demostrarse.
“Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, declaró el mandatario español, quien descartó adelantar elecciones generales.
La investigación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se centra en las actividades de Leire Díaz, exmilitante socialista señalada por supuestos intentos de desacreditar a miembros de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil y de influir en fiscales del Estado.
Según las pesquisas, Díaz habría participado en una trama destinada a “desestabilizar procedimientos judiciales”, presuntamente a cambio de pagos económicos. La exdirigente socialista ha negado cualquier irregularidad y sostiene que actuaba por cuenta propia.
El comunicado judicial también menciona como investigados al exdirigente socialista Santos Cerdán, ya implicado en otra causa de corrupción, además de un exalto cargo andaluz, un agente policial, un empresario y varios abogados.
Los delitos investigados incluyen soborno, falsificación documental, tráfico de influencias, falso testimonio y corrupción.
El registro se suma a una creciente presión judicial sobre el entorno del Gobierno español. La semana pasada trascendió además una investigación relacionada con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate estatal de una aerolínea, caso en el que también niega haber cometido irregularidades.
Asimismo, la esposa y el hermano de Pedro Sánchez continúan bajo investigación por presunto tráfico de influencias, acusaciones que ambos rechazan.
A pesar del deterioro político provocado por los escándalos, Sánchez insistió en que los casos judiciales “no impugnan” la labor de su Ejecutivo ni las políticas sociales impulsadas durante sus años en el poder.
El registro de la sede socialista coincidió con la visita oficial de Sánchez al Vaticano, donde mantuvo una audiencia con el papa León XIV.
