Buenos Aires, 29 mayo.- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha rechazado este jueves un recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el decomiso de sus bienes, en el marco de la causa por corrupción conocida como ‘Vialidad’, uno de los expedientes judiciales más relevantes en la política reciente del país.
En su resolución, a la que tuvo acceso EFE, el tribunal de alzada declaró «inadmisible» el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de la exmandataria, lo que mantiene firme la decisión judicial que ordena la incautación de activos vinculados al caso.
La presentación de la defensa se produjo tras el fallo de finales de abril, cuando la misma Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión de un tribunal oral que había ordenado el decomiso de bienes de Fernández y otros condenados por presunta administración fraudulenta en obra pública. La expresidenta cumple actualmente una condena de seis años de prisión en su domicilio en Buenos Aires.
Con este nuevo revés judicial, la defensa aún mantiene la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, última instancia en el proceso.
La decisión de la Cámara también alcanza a otros implicados en la causa, entre ellos el empresario Lázaro Báez y los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas defensas también intentaban frenar la ejecución del decomiso.
El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado en noviembre de 2025 la incautación de bienes por un valor estimado de 685.000 millones de pesos (unos 479 millones de dólares), cifra que la Justicia considera equivalente al perjuicio económico causado al Estado en la adjudicación irregular de obras viales.
En total, la medida judicial abarca 111 bienes, incluyendo propiedades vinculadas a la familia Kirchner y a Lázaro Báez. La causa ‘Vialidad’ investigó presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y concluyó en 2022 con la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025, lo que permitió avanzar en la ejecución de las sanciones penales y económicas.
