Caracas, 8 mayo.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, responsabilizó este jueves a la administración de Nicolás Maduro por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, a quien calificó como víctima de “desaparición forzada, tortura y asesinato” bajo custodia del sistema penitenciario.

A través de su cuenta en la red social X, Machado afirmó que el caso constituye “un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta” y denunció la “crueldad sin límites” del aparato estatal venezolano. La dirigente aseguró además que la madre del detenido, Carmen Teresa Navas, de 81 años, recorrió durante más de un año distintos centros penitenciarios sin recibir información sobre el paradero de su hijo.

Según la versión difundida por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Gobierno reconoció que Quero falleció el 24 de julio de 2025 mientras se encontraba bajo custodia estatal. Las autoridades indicaron que el detenido murió tras ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, donde fue atendido por complicaciones de salud.

Sin embargo, la oposición y organizaciones de derechos humanos sostienen que el caso se enmarca en un patrón de desapariciones forzadas. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela calificó la muerte como un “asesinato en El Rodeo I”, mientras que el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia la describió como una “desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

Machado subrayó que la familia solo tuvo conocimiento del fallecimiento meses después y criticó que el cuerpo del detenido habría sido localizado recientemente en un cementerio de Caracas, lo que generó nuevas denuncias sobre la falta de transparencia en el caso.

Organizaciones como Provea y Foro Penal también exigieron investigaciones independientes. Ambas entidades pidieron que se determinen responsabilidades dentro del sistema penitenciario y de las autoridades judiciales, señalando posibles omisiones en la supervisión del detenido durante su reclusión.

El caso ha intensificado las críticas internacionales contra el Gobierno venezolano en materia de derechos humanos, mientras la oposición insiste en que se esclarezcan las circunstancias de la detención, la muerte y el posterior manejo del cuerpo del preso político.

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