Caracas, 20 de febrero de 2026.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en distintos episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, en una decisión que marca un nuevo capítulo en la compleja realidad institucional del país. Sin embargo, la normativa excluye expresamente a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas, delitos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, proclamó la aprobación del texto legislativo, que contempla el perdón para hechos vinculados al golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003 y las protestas antigubernamentales registradas en 2013, 2017 y 2024.
Exclusiones clave de la ley
El artículo 9 de la nueva legislación establece que no podrán beneficiarse de la amnistía quienes estén involucrados en:
- Violaciones graves de derechos humanos
- Delitos de lesa humanidad
- Homicidio intencional y lesiones gravísimas
- Tráfico de drogas
- Delitos contemplados en la ley contra la corrupción
- Participación o financiamiento de acciones armadas o de fuerza contra la soberanía nacional
La norma también excluye a personas vinculadas con la promoción o facilitación de acciones armadas apoyadas por “Estados, corporaciones o personas extranjeras”, reforzando el enfoque soberanista del texto aprobado.
Delcy Rodríguez: “Hay que saber pedir perdón”
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación de la ley desde el Palacio de Miraflores, acompañada por Jorge Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Rodríguez calificó la normativa como una puerta hacia la reconciliación nacional y aseguró que el país debe “despojarse del odio y la intolerancia”, subrayando que “hay que saber pedir perdón y también recibir el perdón”.
La mandataria asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense ocurrido el 3 de enero, en un contexto que el Gobierno define como un “nuevo momento político”.
Liberaciones y reacción de familiares
Según la ONG Foro Penal, actualmente existen 644 presos políticos en Venezuela, pese a que más de 400 personas han sido excarceladas desde el 8 de enero en el marco de un proceso de revisión judicial.
Entre los casos recientes figura el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, liberado pocas horas después de la aprobación de la ley.
Familiares de detenidos, concentrados en el comando policial conocido como Zona 7 en Caracas, celebraron entre lágrimas y oraciones el anuncio parlamentario. Un grupo de mujeres que mantenía una huelga de hambre desde el sábado anunció el levantamiento de la protesta tras la aprobación de la norma.
“Estamos felices y esperamos con ansia a nuestros seres queridos”, declaró Petra Vera, familiar de un detenido.
ONG y oposición expresan reservas
A pesar del respaldo oficial, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores expresaron dudas sobre el alcance real de la medida.
El coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo, sostuvo que el texto no responde plenamente al espíritu de reconciliación que debería tener una ley de esta naturaleza. Por su parte, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, consideró que la normativa es “restrictiva” y deja fuera numerosos casos.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón calificó la ley como “revictimizante y excluyente”, mientras que el partido Primero Justicia la definió como “insuficiente y sesgada”. No obstante, el diputado opositor Stalin González afirmó que, aunque imperfecta, la amnistía representa una herramienta para reconstruir la justicia.
Posible reforma de la Ley contra el Odio
Durante el debate parlamentario, Jorge Rodríguez reconoció que la llamada Ley contra el Odio —aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente— tuvo episodios de “mala utilización”. La normativa establece penas de hasta 20 años de prisión.
El presidente del Parlamento adelantó que el Programa por la Convivencia Democrática analiza los alcances de esa legislación y no descartó una reforma próxima en la Asamblea Nacional.
La aprobación de la ley de amnistía en Venezuela abre un escenario político incierto, con expectativas de liberaciones adicionales, pero también con cuestionamientos sobre su alcance real y su capacidad para cerrar definitivamente un ciclo de confrontación que se extiende por más de dos décadas.
