Lima, 20 de febrero de 2026.- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, fue citado por el Poder Judicial del Perú para iniciar un juicio oral por presunta apropiación ilícita, en un proceso penal vinculado a hechos que habrían afectado el patrimonio del Colegio de Abogados de Lambayeque.
Balcázar asumió la Presidencia de la República el pasado 18 de febrero de 2026 tras ser elegido titular del Congreso y acceder al cargo por sucesión constitucional, en medio de una nueva etapa de crisis política en Perú.
Delito tipificado en el Código Penal
Según el expediente judicial, el mandatario es investigado por el presunto delito de apropiación ilícita común, tipificado en el artículo 190 del Código Penal peruano. El caso fue elevado a juicio por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, que consideró cumplidas las etapas previas de investigación y control de acusación.
El tribunal fijó el inicio del juicio oral para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a.m., audiencia que podrá desarrollarse de manera presencial o virtual. La comparecencia del presidente es obligatoria y, en caso de inasistencia injustificada, podría ser declarado reo contumaz, habilitando incluso órdenes de captura.
Estructura y garantías del proceso
La resolución dispone la conformación de dos cuadernos procesales: uno principal, que concentrará actuaciones y resoluciones, y otro destinado exclusivamente a las pruebas admitidas para el debate oral.
Asimismo, el juzgado ordenó notificar formalmente al imputado, a su defensa, al Ministerio Público, testigos y peritos, garantizando el debido proceso conforme al Código Procesal Penal. Las actuaciones contarán con validez jurídica mediante firmas electrónicas certificadas.
Rechazo institucional del gremio profesional
El Colegio de Abogados de Lambayeque emitió previamente un comunicado rechazando la postulación de Balcázar a la presidencia del Congreso, cargo que posteriormente lo llevó al Ejecutivo.
En su pronunciamiento, el gremio señaló que durante su gestión como decano fue objeto de cuestionamientos éticos, civiles y penales, incluyendo presunta apropiación de fondos y cambios en la titularidad de cuentas bancarias institucionales, hechos que —según la institución— derivaron en su expulsión definitiva.
El colegio también exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con imparcialidad y celeridad para evitar la prescripción del caso.
Contexto político delicado
La citación judicial ocurre mientras el nuevo jefe de Estado enfrenta el desafío de gobernar en un escenario de alta inestabilidad institucional. Su situación procesal podría añadir presión adicional a un Ejecutivo que ya opera bajo tensiones políticas.
El desarrollo del juicio oral contra el presidente interino de Perú marcará un episodio inédito en la actual coyuntura, al tratarse de un mandatario en funciones sometido a proceso penal por presuntos delitos contra el patrimonio.
