Santiago, 11 Nov.- Chile, históricamente considerado un país seguro, enfrenta en los últimos años un aumento de la inseguridad ciudadana debido a la llegada de bandas criminales y delitos violentos antes poco frecuentes. Aunque en 2024 se registraron 1.207 homicidios, una leve caída respecto a 2023, la percepción de inseguridad sigue elevada: casi el 40% de los hogares fueron atacados y cerca del 30% de las personas sufrieron algún delito, según datos oficiales.
El jefe de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, Hassel Barrientos, señaló que 2021 marcó un punto de inflexión, con un incremento de delitos ligados al crimen organizado transnacional, incluyendo secuestros, extorsión, tráfico de drogas, homicidios por sicariato y robos de teléfonos con fines bancarios.
Impacto en la vida cotidiana
El miedo al delito ha llevado a los ciudadanos a tomar medidas propias. Leidy Paredes, microempresaria de Santiago, contrató seguridad privada y reforzó su local con cámaras y cadenas tras sufrir robos recurrentes. Asimismo, habitantes de distintas zonas de Santiago recurren a escoltas y sistemas de protección avanzados para actividades cotidianas como ir al banco o trasladarse en vehículos blindados.
Crecimiento exponencial del sector de seguridad privada
Según la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en Chile operan 5.651 empresas de seguridad privada, con un crecimiento del 350% en la última década y ventas que alcanzaron los 2.857 millones de dólares en 2023. Servicios van desde escoltas para empresarios hasta acompañamiento personal para personas comunes, con tarifas que oscilan entre 200 y 30.000 dólares según la complejidad del servicio.
Karim Zahri, jefe de escoltas de la empresa Allvip, señaló que la demanda se multiplicó: de 10 pedidos semanales a 40-50 solicitudes actuales, reflejando la creciente preocupación de la población.
Medidas estatales y contexto electoral
El incremento de la inseguridad coincide con un año electoral clave, donde los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara centran sus campañas en la seguridad. Kast promueve una política de mano dura, mientras que Jara busca continuar las estrategias del gobierno de Gabriel Boric, fortaleciendo la presencia policial y comunitaria.
Recientemente, el gobierno implementó medidas como la creación del Ministerio de Seguridad, una nueva ley antiterrorista y unidades especializadas en combate al crimen organizado, incluyendo brigadas antisecuestros y antinarcóticos.
