Santiago de Chile, 15 mayo.- El Gobierno de Chile está promoviendo una reforma legal que obligaría a instituciones de salud y educación, públicas y privadas, a entregar datos de migrantes en situación irregular a las autoridades, con el objetivo de facilitar procesos de expulsión, según informaron medios locales.
La propuesta fue introducida recientemente por el Ejecutivo del ultraconservador José Antonio Kast durante la tramitación de un proyecto que busca perfeccionar el sistema de expulsiones administrativas en el país.
El texto establece que todos los organismos del Estado, así como instituciones previsionales, sanitarias y educativas, deberán proporcionar a la autoridad migratoria y de control los antecedentes requeridos, incluyendo «domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes» de extranjeros sujetos a procedimientos migratorios.
En Chile residen actualmente más de 330.000 personas en situación irregular, en su mayoría de nacionalidad venezolana, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Consultado sobre la iniciativa, Kast defendió la medida asegurando que busca “ordenar” el acceso a las prestaciones sociales y mejorar el control sobre el uso de servicios públicos. “La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios”, afirmó, al tiempo que vinculó la presión migratoria con el funcionamiento del sistema de salud y educación.
El Ministerio del Interior, en una declaración posterior, aclaró que la iniciativa no busca persecución de menores de edad, quienes están protegidos por el derecho internacional, sino la recopilación de información sobre adultos responsables.
Asimismo, el Gobierno sostuvo que no se trata de controles masivos, sino de solicitudes puntuales de información para procedimientos administrativos específicos.
El debate se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria chilena. En semanas recientes, el Ejecutivo ha impulsado medidas como el refuerzo de expulsiones administrativas y el aumento de operativos de fiscalización en distintos sectores.
Desde el inicio del actual gobierno, en marzo, se han realizado dos vuelos de expulsión que afectaron a unos 80 migrantes, principalmente con antecedentes penales. En contraste, durante el último año del gobierno de Gabriel Boric fueron expulsadas 1.117 personas.
Autoridades migratorias estiman además que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, muchas de ellas sin posibilidad inmediata de cumplimiento debido a la falta de relaciones consulares con algunos países de origen.
El propio Kast reconoció recientemente que la promesa de expulsar de forma inmediata a cientos de miles de migrantes irregulares fue una “hipérbole”, y afirmó que su administración busca ahora vías diplomáticas para concretar deportaciones.
La propuesta legislativa continúa en discusión en el Congreso en medio de un intenso debate político sobre seguridad, derechos humanos y gestión migratoria.
