MADRID, 11 mayo.— La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace la suspensión cautelar del proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno, una medida que ha sido recurrida por varias comunidades autónomas y organizaciones sociales y políticas.
El alto tribunal celebrará este miércoles cinco vistas para analizar las medidas cautelares solicitadas por la Isabel Díaz Ayuso, el partido Vox, la organización Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia, entre otros recurrentes.
Los recursos buscan frenar de forma temporal el real decreto del Ejecutivo mientras se resuelven los procedimientos judiciales de fondo.
En su escrito, presentado en el recurso interpuesto por Hazte Oír, la Abogacía del Estado sostiene que suspender la norma “dejaría sin efecto útil la misma” y causaría un perjuicio grave al interés general.
El Gobierno argumenta que las personas beneficiarias de la regularización ya utilizan servicios públicos básicos, por lo que la medida no genera un impacto adicional en el sistema sanitario o social.
Además, defiende que la concesión de permisos de residencia permitirá a los inmigrantes acceder plenamente al mercado laboral, lo que supondría un incremento en las cotizaciones a la seguridad social y favorecería su integración.
Según el escrito, el acceso a la sanidad en España ya está garantizado independientemente del estatus migratorio, por lo que la regularización no alteraría ese derecho.
La Abogacía del Estado advierte también que suspender el proceso podría perjudicar a los solicitantes, ya que el plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo 30 de junio.
Mientras tanto, otras comunidades autónomas como Aragón y Castilla y León han anunciado su intención de recurrir igualmente el real decreto ante el Supremo, aunque sus casos no serán examinados en las vistas de esta semana.
