CIUDAD DE MÉXICO, 11 mayo.— Entre 800 y 1.000 familias han abandonado sus hogares en la región montañosa del estado de Guerrero tras una escalada de violencia atribuida a un grupo criminal que ha utilizado explosivos lanzados desde drones y armamento de alto poder, según denunciaron organizaciones comunitarias y de derechos humanos.
De acuerdo con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), la ofensiva comenzó el miércoles, cuando el grupo delictivo conocido como “Los Ardillos” intensificó sus ataques contra comunidades rurales de la zona.
Los desplazamientos masivos se produjeron en cuestión de días, en una región donde los habitantes aseguran haber vivido años de creciente inseguridad. Entre los afectados hay niños y adultos mayores, mientras que al menos una persona resultó herida, según el reporte comunitario.
Videos difundidos por organizaciones locales muestran a familias huyendo de madrugada con pertenencias básicas, así como enfrentamientos armados en zonas rurales y el uso de drones para lanzar explosivos sobre áreas habitadas.
“Han bombardeado con drones a las comunidades, y uno ¿cómo se puede defender contra un dron?”, denunció Marina Velasco, representante del CIPOG-EZ.
Las organizaciones comunitarias señalan que el grupo criminal busca el control territorial en una zona disputada por distintas organizaciones delictivas, lo que ha provocado una escalada de violencia prolongada.
El CIPOG-EZ ha documentado al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones en los últimos años vinculados al conflicto armado entre grupos criminales en la región.
Las familias desplazadas se han refugiado en comunidades cercanas, algunas de ellas en instalaciones improvisadas como canchas deportivas, mientras denuncian una presencia limitada de fuerzas de seguridad.
El fenómeno del uso de drones por parte de cárteles en México se ha vuelto cada vez más frecuente, según expertos, como parte de una estrategia de ataque, vigilancia y transporte de explosivos en zonas rurales de difícil acceso.
El caso ocurre en un contexto en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reforzado su estrategia de seguridad contra el crimen organizado, en medio de presión internacional, especialmente de Estados Unidos, por el avance de los grupos criminales en varias regiones del país.
Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido una respuesta oficial sobre estos nuevos desplazamientos forzados.
