PESHAWAR, Pakistán, 4 agosto — Las autoridades pakistaníes han reanudado la deportación forzada de refugiados afganos luego de que el gobierno federal se negara a extender el plazo clave para su estancia. La medida afecta aproximadamente a 1,4 millones de afganos que portan las tarjetas de Prueba de Registro, cuyo estatus legal expiró a finales de junio, impidiéndoles resolver asuntos personales como vender propiedades o concluir negocios antes de regresar a Afganistán.
Además de los titulares, alrededor de 800.000 afganos poseen Tarjetas de Ciudadano Afgano; según informaron fuentes, ellos también se encuentran viviendo ilegalmente en Pakistán y están siendo detenidos en puntos estratégicos, como en el este de Punjab, el suroeste de Baluchistán y la provincia de Sindh, antes de ser deportados.
La decisión, confirmada en una notificación gubernamental del 31 de julio a The Associated Press, ha sido fuertemente criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En un informe de junio, ACNUR señaló que al menos 1,2 millones de afganos han sido forzados a regresar desde Irán y Pakistán este año, lo cual, según la agencia, podría desestabilizar aún más la ya frágil situación en Afganistán, donde el régimen talibán llegó al poder en 2021.
La política se aplica a aquellos afganos que, sin pasaporte válido y sin las visas correspondientes, residen en Pakistán de forma irregular. La policía en diversas regiones ha comenzado a detener a individuos para transportarlos hacia los cruces fronterizos, aunque según funcionarios gubernamentales y de seguridad que hablaron bajo condición de anonimato, no se están llevando a cabo arrestos masivos, sino controles aleatorios para identificar a extranjeros que viven ilegalmente en el país.
“Sí, los refugiados afganos que viven ilegalmente en Pakistán están siendo enviados de regreso de manera digna”, declaró Shakeel Khan, comisionado para los refugiados afganos en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.
Esta operación es el paso más importante hasta ahora bajo las órdenes del gobierno federal en Islamabad, indicó un alto funcionario. Entre los afectados se encuentra Rehmat Ullah, de 35 años, quien explicó a medios locales que su familia emigró hace décadas a la ciudad de Peshawar para escapar de la guerra y la inestabilidad en Afganistán, pero ahora se prepara para regresar: “Tengo cinco hijos y mi preocupación es que pierdan su educación. Nací aquí, mis hijos nacieron aquí y ahora estamos regresando”, manifestó.
Durante más de 40 años, Pakistán ha acogido a millones de refugiados afganos que huyen de conflictos y dificultades económicas. Sin embargo, la renovada campaña de deportación, iniciada en 2023 para combatir la presencia de extranjeros ilegales, ha reavivado el debate internacional sobre el respeto a los derechos humanos.
El portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, Qaiser Khan Afridi, expresó profunda preocupación: “Enviar a las personas de esta manera equivale a un refoulement y constituye una violación de las obligaciones internacionales de un Estado. Hacemos un llamado al gobierno para detener el retorno forzoso y asegurar un proceso de repatriación gradual, voluntario y digno. Un retorno masivo y apresurado podría poner en peligro las vidas de los refugiados y comprometer la estabilidad regional”.
