San Salvador, 25 junio.- Un centenar de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador marcharon este miércoles por las calles de la capital para exigir que no se prorrogue más la medida y se derogue el decreto legislativo que la respalda, en medio de crecientes denuncias por violaciones a derechos humanos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
La movilización, organizada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), entregó una petición formal a la Asamblea Legislativa, dirigida a los miembros de su Junta Directiva y a la Comisión de Seguridad. Los manifestantes instaron a los legisladores a poner fin al decreto que otorga a la Fiscalía General amplias facultades para extender los plazos de investigación y detención preventiva.
“Si la Fiscalía no tiene cómo comprobar delito a esas miles de personas, que los libere. Y a los que ya comprobó, que los condene. Pero los inocentes no deben seguir guardando prisión”, expresó Samuel Ramírez, coordinador de Movir, en declaraciones a la agencia EFE.
Tres años de excepción: más de 85.900 capturas y denuncias de abusos
El régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022 tras una jornada de más de 80 homicidios, fue presentado como una respuesta urgente del gobierno del presidente Nayib Bukele ante la escalada de violencia atribuida a las pandillas. Desde entonces, más de 85.900 personas han sido arrestadas, acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
Aunque la política de seguridad ha contado con amplio respaldo popular por la caída en los índices de homicidios, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado decenas de muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y procesos judiciales sin garantías.
Ruptura de pacto y control social permanente
Investigaciones periodísticas del medio salvadoreño El Faro apuntan a que la masacre que detonó el régimen fue consecuencia de la ruptura de un pacto entre el Ejecutivo y las pandillas, que habría permitido previamente una tregua a cambio de beneficios carcelarios.
Analistas políticos advierten que el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta de control social y en el principal pilar de la política de seguridad del Gobierno, a pesar de que su carácter debía ser temporal.
Preocupación internacional y prórroga inminente
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el régimen también se ha utilizado para “silenciar voces críticas” y que su prolongación vulnera el Estado de Derecho. No obstante, todo apunta a que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobará la próxima semana una nueva prórroga de 30 días, la número 40 desde que fue instaurado.
El clamor de los familiares de los detenidos resuena con fuerza en un país dividido entre la promesa de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales. Mientras tanto, miles de personas continúan detenidas sin condena ni pruebas concluyentes, en un sistema judicial sobrecargado y cuestionado por su falta de independencia.
