Seúl, 14 dic. – El parlamento de Corea del Sur aprobó este sábado una moción histórica para destituir al presidente Yoon Suk Yeol tras su controvertido decreto de ley marcial del pasado 3 de diciembre. Con 204 votos a favor y 85 en contra, los poderes presidenciales de Yoon quedaron suspendidos de inmediato, delegándose sus responsabilidades al primer ministro Han Duck-soo.
La Corte Constitucional tiene hasta 180 días para decidir si destituye formalmente a Yoon, en cuyo caso deberán convocarse elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días.
Una decisión histórica en la democracia surcoreana
Es la segunda moción de juicio político contra Yoon en menos de una semana, pero esta vez contó con el apoyo de legisladores del Partido del Poder Popular, que hasta ahora respaldaban al mandatario. La votación se da en medio de crecientes protestas públicas, una caída drástica en los índices de aprobación de Yoon –ubicada en 11% según las últimas encuestas– y tensiones políticas marcadas por acusaciones de abuso de poder y rebelión.
“La moción refleja el ardiente deseo de democracia y la dedicación del pueblo”, declaró Woo Won Shik, presidente de la Asamblea Nacional.
Reacciones populares y políticas
Cientos de miles de manifestantes celebraron el resultado frente al parlamento con pancartas y mensajes de esperanza. “Es una victoria del pueblo. Espero que la Corte Constitucional decida destituir a Yoon”, comentó Kim Su-bong, uno de los manifestantes.
Mientras tanto, seguidores de Yoon se reunieron en Seúl, mostrando descontento ante la decisión del parlamento.
Yoon, por su parte, se mantiene desafiante. En un comunicado afirmó:
“Nunca me rendiré. Llevaré conmigo todas las críticas y continuaré trabajando por el país hasta el último momento”.
La polémica del decreto de ley marcial
El decreto de Yoon, el primero en más de 40 años, estuvo en vigor por apenas seis horas, pero causó una crisis política y económica en el país. Fue emitido con el objetivo de detener una votación parlamentaria que desafiaba su gestión, movilizando fuerzas militares y policiales hacia el parlamento.
Testimonios de comandantes militares, como Kwak Jong-keun, indican que Yoon ordenó usar la fuerza para retirar a los legisladores. Estas acciones llevaron a su acusación por rebelión, ya que la ley surcoreana sólo permite la declaración de ley marcial en casos de guerra o emergencias graves.
La moción aprobada en el parlamento señala que Yoon “orquestó disturbios que amenazaron la paz y el orden constitucional” con su decreto.
Mandato interino y medidas de seguridad
El primer ministro Han Duck-soo asumió el liderazgo interino y ordenó reforzar la postura militar del país ante posibles provocaciones de Corea del Norte, además de minimizar los impactos económicos derivados de la crisis política.
“Les pido que mantengan el funcionamiento estable de los asuntos estatales. Nuestra tarea crítica es evitar que esta crisis sacuda al gobierno”, declaró Han en un mensaje televisado.
Un presidente bajo escrutinio judicial
Yoon enfrenta acusaciones de rebelión, abuso de poder y otros delitos. Aunque goza de inmunidad penal, esta no lo protege de acusaciones por rebelión o traición, lo que podría llevarlo a prisión o incluso enfrentar la pena de muerte si es condenado.
Otros altos funcionarios, incluidos el ministro de Defensa y el jefe de policía, ya han sido arrestados en relación con el decreto.
Contexto histórico y comparaciones
Yoon es el tercer presidente surcoreano sometido a juicio político mientras ocupa el cargo. En 2016, Park Geun-hye fue destituida por corrupción y la Corte Constitucional confirmó su cese. En 2004, Roh Moo-hyun enfrentó un proceso similar, pero fue reinstalado por el tribunal.
El destino de Yoon ahora dependerá de la Corte Constitucional, en un momento crítico para la democracia surcoreana.
