Bogotá, 11 oct.- La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha asumido la investigación en torno a la denuncia presentada contra siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato y abrieron una investigación formal a su campaña presidencial de 2022.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, confirmó este viernes que Jhon Jairo Turizo Hernández fue quien presentó la denuncia, y aseguró que el ente acusador dará curso al caso. «Tenemos reporte de esa denuncia (…) contra los magistrados del CNE, fue asignada a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia», indicó Camargo, añadiendo que además existen otras investigaciones en curso relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Petro.
El CNE anunció el pasado martes que Petro, junto a su gerente de campaña Ricardo Roa y otros miembros del equipo, deberán responder ante la posible violación del régimen de financiación de campañas electorales, pues se sospecha que excedieron los límites de gasto establecidos y utilizaron fuentes de financiamiento no declaradas y prohibidas por la ley.
Camargo informó que actualmente se encuentra en una fase preliminar de revisión para definir los pasos a seguir en la investigación. La denuncia fue presentada por Turizo Hernández, aunque la fiscal no ofreció más detalles sobre él.
Entre los magistrados señalados en la denuncia se encuentran Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente del CNE, César Lorduy. Se les acusa de prevaricato, lo que implica haber actuado en contra de la ley y sobrepasado las funciones que les corresponden.
En la decisión del CNE sobre la campaña de Petro, las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez salvaron su voto, disintiendo del resto de los magistrados.
Las denuncias contra los magistrados del CNE se fundamentan en la afirmación de que este organismo no tiene la competencia para investigar ni destituir al presidente Petro. De acuerdo con expertos constitucionalistas, la investigación del CNE sobre la campaña no pone en riesgo el cargo del mandatario, ya que cualquier responsabilidad del presidente debería ser tratada por el Congreso, que es su juez natural.
El propio Petro ha calificado las acciones del CNE como un «golpe de Estado» y ha llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), alegando que el organismo ha excedido sus competencias y no ha respetado su fuero presidencial.
El constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que, aunque el CNE sí tiene la capacidad de investigar y formular cargos contra los responsables de la campaña presidencial de Petro, no tiene el poder de destituir al presidente. En caso de que se encuentren responsabilidades, sería el Congreso quien tendría la última palabra en el asunto.