Lima, 8 de agosto.- La Fiscalía de Perú ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y para el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, como parte de una investigación en curso sobre una presunta red de tráfico de influencias. Esta solicitud es resultado de las pesquisas llevadas a cabo por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público, que investiga a los implicados por delitos contra la tranquilidad pública y organización criminal en agravio del Estado.
Nicanor Boluarte fue detenido en mayo durante una semana en relación con este mismo caso, y la Fiscalía sostiene que él y otros involucrados forman parte de una red dedicada al tráfico de influencias y la designación irregular de prefectos y subprefectos en el contexto de la creación del partido político Ciudadanos por el Perú. Según la tesis fiscal, Boluarte habría ejercido su poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha agrupación política, siendo señalado como líder de la presunta organización criminal.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, criticó la solicitud del Ministerio Público, argumentando que su cliente ha demostrado “todos sus arraigos” y calificando la medida como una “obsesión procesal”. Vivanco sostuvo que no hay justificación para la imposición de una prisión preliminar y que su defendido no representa un riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso.
La audiencia judicial para analizar esta solicitud se llevará a cabo este viernes a las 14:30 hora local (19:30 GMT).
El caso, denominado “waykis en la sombra” (amigos en quechua) por la Fiscalía, también incluye a otros implicados que fueron detenidos junto a Nicanor Boluarte el 10 de mayo, aunque posteriormente fueron liberados tras una decisión judicial que consideró que no existía riesgo de fuga ni de interferencia en la investigación.
Durante la audiencia del 17 de mayo, Nicanor Boluarte defendió su inocencia, afirmando que no pertenece a ninguna organización criminal y que su actividad económica es legítima. Además, destacó su arraigo familiar, señalando que vive con su hija universitaria y que es el principal sustento de su hogar.
“El tiempo y el proceso se encargarán de poner las cosas en su lugar”, declaró Nicanor Boluarte, confiando en que la verdad saldrá a la luz conforme avance el caso.
