Lima, 12 mayo.- El candidato presidencial de Roberto Sánchez afrontará un juicio oral tras ser acusado de presuntas irregularidades en la declaración de aportes de campaña de su partido durante el proceso electoral de 2020, un caso que podría derivar en una condena de prisión.
El Poder Judicial ha programado para el próximo 27 de mayo la audiencia en la que se emitirá el auto de enjuiciamiento, documento que formaliza el paso de la acusación fiscal a la etapa de juicio oral. A partir de ese momento, el expediente será derivado al tribunal correspondiente, que deberá fijar la fecha de inicio del proceso.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Sánchez habría declarado aportes de campaña por cero soles ante la ONPE, pese a que, según la investigación, se habrían recibido alrededor de 204.951 soles que no fueron reportados correctamente al organismo electoral.
Las pesquisas también señalan que parte de los fondos habrían sido transferidos a cuentas personales vinculadas al dirigente político y a personas de su entorno, incluyendo a su hermano, lo que habría generado un presunto desvío total cercano a los 280.000 soles.
La Fiscalía sostiene que estos hechos configurarían el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, tipificado en el Código Penal con penas de hasta cuatro años de prisión. Además, el caso incluye presuntas irregularidades en aportes no declarados y supuestos registros contables inconsistentes durante el periodo electoral.
Según la información del proceso, la etapa de juicio oral podría iniciarse en la segunda mitad del año, incluso en paralelo al calendario político peruano, en el que se definirá la próxima presidencia del país.
En caso de que Sánchez resulte elegido presidente, el proceso penal podría suspenderse temporalmente durante el ejercicio del cargo, de acuerdo con criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional sobre la inmunidad funcional de los mandatarios en funciones.
El caso ha generado atención política debido a su impacto potencial en plena campaña electoral y por las acusaciones de manejo irregular de fondos partidarios, un tema recurrente en la política peruana en los últimos años.
