San José, 3 julio.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido una orden a Perú para que detenga la implementación de un controvertido proyecto de ley que permitiría la prescripción de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002. Esta medida busca proteger el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, particularmente en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron resueltos con condenas al Estado peruano por el tribunal internacional.
Repercusiones de la Ley Propuesta
El proyecto de ley No. 6951/2023-CR ha sido criticado por permitir la impunidad en crímenes severos cometidos durante el conflicto interno en Perú entre 1980 y 2000, un periodo durante el cual más de 69,000 personas fueron víctimas de violencia. Organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que esta ley obstruiría significativamente el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas de estos crímenes.
Respuesta de la CorteIDH
En respuesta a la gravedad de la situación, la CorteIDH ha solicitado a Perú que, a más tardar el 9 de agosto, presente un informe detallado sobre las acciones tomadas para cumplir con esta orden. Este paso subraya la urgencia y la importancia que la Corte asigna al mantenimiento de la justicia para las víctimas.
Postura del Congreso Peruano
Durante una audiencia en junio, representantes del Estado peruano defendieron la legalidad del proyecto de ley y desafiaron la autoridad de la CorteIDH para intervenir, calificando las medidas provisionales como un intento de restringir la capacidad legislativa del Congreso. Este enfrentamiento destaca la tensión existente entre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Perú y las acciones legislativas internas.
Contexto Político del Proyecto
El proyecto de ley está asociado con el fujimorismo y apoyado por una bancada de exjefes de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó durante el periodo más intenso del conflicto interno, fue condenado en 2009 por delitos de lesa humanidad relacionados con masacres ejecutadas por el grupo militar Colina.
Impacto Futuro
La decisión de la CorteIDH resalta la continua lucha por la justicia y la memoria histórica en Perú, y plantea preguntas significativas sobre cómo se equilibran la soberanía nacional y los compromisos internacionales en el ámbito de los derechos humanos. La comunidad internacional, junto con las organizaciones locales de derechos humanos, seguirá de cerca el cumplimiento de Perú con las directrices de la CorteIDH, subrayando la importancia de la justicia para la reconciliación y la paz duraderas.
