Lima, 7 agosto.- Los gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas después de que la administración de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, autorizara la salida del país de la ex primera ministra Betssy Chávez, a quien México concedió asilo diplomático.
La decisión pone fin a una crisis diplomática que mantenía suspendidas las relaciones entre ambos países desde noviembre de 2025, cuando México otorgó asilo a Chávez, quien permanecía desde entonces en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.
Chávez, exjefa del Gabinete del expresidente Pedro Castillo, fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. El exmandatario Castillo recibió la misma condena por esos hechos.
El Gobierno peruano explicó que el salvoconducto fue concedido en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, que establece que el Estado territorial debe permitir la salida hacia el país que concedió el asilo a la persona protegida.
Con el documento, Chávez podrá abandonar la Embajada de México en Lima y viajar al país que le otorgó protección diplomática sin ser detenida durante su traslado.
Una crisis diplomática de casi un año
La tensión entre Lima y Ciudad de México se agravó después de que el Gobierno mexicano concediera asilo a Chávez. La decisión provocó que el entonces Gobierno interino peruano de José Jerí rompiera las relaciones diplomáticas con México.
El conflicto se produjo en un contexto de deterioro de los vínculos bilaterales que comenzó tras la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022. El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó el encarcelamiento de Castillo y rechazó reconocer la legitimidad de Dina Boluarte como su sucesora.
Desde entonces, las relaciones habían quedado reducidas al nivel de encargados de negocios, después de que ambos países retiraran a sus respectivos embajadores.
La Cancillería peruana subrayó que la entrega del salvoconducto no significa que Perú reconozca a Chávez como una perseguida política, como sostiene el Gobierno mexicano.
«No existe persecución política», sostuvo el Ejecutivo peruano, al defender que en el país funcionan el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías del debido proceso.
Perú mantiene sus críticas al asilo mexicano
El Gobierno de Fujimori también recordó que Chávez fue condenada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión contra el Estado peruano.
Además, señaló que la ex primera ministra continúa siendo investigada por la Fiscalía de la Nación por posibles hechos relacionados con enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.
Pese al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, Lima anunció que continuará promoviendo consultas dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar una eventual modificación de los tratados internacionales relacionados con el asilo diplomático.
El Gobierno peruano considera que casos como el de Chávez pueden desvirtuar el propósito original de esos acuerdos y busca impulsar cambios para evitar situaciones similares en el futuro.
