Ottawa, 31 Julio.- La decisión del Gobierno del primer ministro Mark Carney de eliminar la obligación de que las plataformas de contenidos en línea contribuyan financieramente al sistema audiovisual canadiense desató una fuerte reacción de organizaciones culturales, productores, artistas y expertos, que consideran la medida un duro golpe para la soberanía cultural del país.
La contribución había sido establecida por la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) para que servicios de streaming y plataformas digitales aportaran recursos destinados a financiar la producción de contenidos canadienses y quebequenses.
El periodista y ensayista Alain Saulnier, especialista en medios digitales, calificó la decisión como un retroceso y advirtió que las grandes plataformas internacionales deben contribuir al desarrollo de la cultura local.
Según Saulnier, eliminar esta obligación debilita la capacidad de Canadá y, especialmente, de Quebec para producir y promover contenidos propios frente al creciente dominio de las plataformas estadounidenses.
Quebec rechaza la decisión
El ministro de Cultura y Comunicaciones de Quebec, Mathieu Lacombe, lamentó la postura del Gobierno federal y recordó que la protección de la identidad cultural quebequense ha sido una prioridad durante décadas.
Afirmó que la excepción cultural de Quebec no puede convertirse en una moneda de cambio dentro de las negociaciones comerciales internacionales.
Artistas y productores denuncian un retroceso
La presidenta del Sindicato de Artistas de Quebec, Tania Kontoyanni, expresó su profunda decepción y sostuvo que la medida favorece a empresas multinacionales que obtienen importantes beneficios económicos en Canadá sin contribuir al desarrollo cultural del país.
A su juicio, la enorme presencia de contenidos extranjeros en plataformas de streaming reduce el espacio para las producciones nacionales y amenaza la diversidad cultural.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Quebequense de Producción Audiovisual, Hélène Messier, afirmó que el sistema diseñado por la CRTC ofrecía una fuente de financiación más estable y previsible que las subvenciones gubernamentales, las cuales dependen de las prioridades políticas de cada administración.
Cuestionan el plan de compensación
Para compensar la eliminación de la contribución obligatoria, el Gobierno federal anunció recientemente un programa de 600 millones de dólares destinado al sector cultural.
Sin embargo, organizaciones de la industria consideran insuficiente esa cantidad y sostienen que el mecanismo anterior habría generado ingresos mucho mayores y permanentes para la producción audiovisual.
La Federación Nacional de Comunicaciones y Cultura (FNCC-CSN) criticó además que el costo del nuevo programa recaiga sobre los contribuyentes, mientras las grandes plataformas continúan obteniendo beneficios sin realizar aportes equivalentes.
Reclaman igualdad de condiciones
El presidente de la Asociación Canadiense de Radiodifusores, Kevin Desjardins, denunció que las emisoras tradicionales continúan obligadas a destinar una parte significativa de sus ingresos a la producción de contenido canadiense, mientras que plataformas digitales como los servicios de streaming quedarían exentas de esa responsabilidad.
Según representantes del sector, esta situación genera una competencia desigual y pone en riesgo el financiamiento de la industria audiovisual nacional.
Proponen nuevas estrategias
Diversas organizaciones culturales plantearon la necesidad de fortalecer alianzas internacionales para defender la producción local frente al creciente poder de las grandes empresas tecnológicas.
Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de establecer nuevos mecanismos de financiación vinculados a la venta de dispositivos electrónicos utilizados para consumir contenidos digitales, con el objetivo de garantizar recursos estables para la creación audiovisual canadiense.
La industria recuerda que la producción cinematográfica y televisiva en Canadá genera más de 10.000 millones de dólares anuales y sostiene alrededor de 180.000 empleos, por lo que considera que proteger este sector también representa una prioridad económica para el país.
