Quebec, 27 mayo.- Las declaraciones del primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre que un resultado de “50% más uno” no sería suficiente para permitir que una provincia declare unilateralmente su independencia, provocaron una reacción unánime de rechazo en Quebec, incluyendo partidos federalistas y soberanistas.

La ministra quebequense Christine Fréchette respondió con firmeza al jefe del Gobierno federal al afirmar que “la regla es 50% + 1” y sostuvo que ese principio debe prevalecer en cualquier consulta sobre el futuro político de Quebec.

En la misma línea, el ministro de Justicia y responsable de Asuntos Constitucionales de Quebec, Simon Jolin-Barrette, pidió al Gobierno federal mantenerse al margen del debate, argumentando que cualquier eventual referéndum debe regirse exclusivamente por el marco jurídico de Quebec, particularmente por la conocida Ley 99.

“El único marco jurídico aplicable es el determinado por la Asamblea Nacional mediante el Proyecto de Ley 99”, afirmó Jolin-Barrette, insistiendo en que corresponde únicamente a los quebequenses decidir su futuro político.

El Parti Québécois también criticó duramente a Carney. Su portavoz para las relaciones con Canadá, Alex Boissonneault, acusó al primer ministro de intentar modificar las reglas del juego y de interferir en el proceso democrático de Quebec ante la posibilidad de un futuro referéndum soberanista.

Incluso voces federalistas se sumaron al rechazo. El líder liberal de Quebec, Charles Milliard, defendió igualmente la validez del principio de mayoría simple, recordando que su partido puede ser federalista “pero también democrático”.

Por su parte, Québec solidaire calificó de “inaceptables” las declaraciones de Carney y reiteró que la decisión sobre el futuro de Quebec corresponde únicamente a su población.

El debate se intensificó después de que Carney defendiera la aplicación de la llamada Ley de Claridad, aprobada por Ottawa tras el referéndum de 1995, en el que el “no” a la independencia ganó por un estrecho margen.

La controversia surge además en un contexto político sensible, ya que el gobierno de Alberta prevé celebrar en 2026 una consulta popular sobre la relación de esa provincia con Canadá, mientras el Parti Québécois mantiene su promesa de convocar un tercer referéndum soberanista si gana las próximas elecciones provinciales.

Dentro del gobierno de Quebec también existen diferencias sobre un eventual nuevo referéndum. Algunos ministros de la Coalición Avenir Québec (CAQ) admitieron que participarían en campañas por el “sí” o por el “no”, aunque la línea oficial del partido sigue siendo evitar reabrir el debate constitucional.

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