Washington, 19 mayo.- Estados Unidos amplió este lunes su campaña de presión sobre Cuba con un nuevo paquete de sanciones económicas contra altos funcionarios del Gobierno y entidades estatales, en una nueva escalada de la tensión diplomática entre Washington y La Habana. Las medidas afectan a miembros clave del Ejecutivo cubano, entre ellos la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, además de otros altos cargos políticos y de seguridad.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó también en la lista de sancionados al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández, al jefe de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, y al dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda.
Asimismo, la Dirección Nacional de Inteligencia de Cuba fue incorporada a las entidades sancionadas, sumándose a organismos previamente restringidos como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria. Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con las personas y entidades designadas.
La decisión se produce en un contexto de máxima tensión bilateral, marcado por el endurecimiento del bloqueo económico a Cuba y las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de incrementar la presión sobre la isla. Según informaciones de prensa en Estados Unidos, el Departamento de Justicia prepara además una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996 vinculadas a una organización del exilio cubano.
En paralelo, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó recientemente una visita a La Habana para mantener contactos con altos funcionarios del Gobierno cubano, en medio de intentos limitados de comunicación entre ambas partes.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó las sanciones y aseguró que los funcionarios cubanos no poseen activos en Estados Unidos, calificando la medida como parte de una estrategia política de presión. Díaz-Canel enmarcó las sanciones dentro de lo que definió como una “guerra económica” contra la isla, a la que atribuyó un carácter “inmoral, ilegal y criminal”.
Asimismo, el mandatario cubano afirmó que Cuba tiene derecho a defenderse ante lo que considera una escalada de hostilidad, en medio de reportes sobre la supuesta adquisición de drones militares a Rusia e Irán, información no confirmada oficialmente.
Con esta nueva ronda de sanciones, la relación entre Estados Unidos y Cuba entra en una fase de mayor endurecimiento, sin señales claras de distensión, mientras se anticipan posibles nuevas acciones judiciales y diplomáticas en los próximos días.
