Caracas, 8 mayo.- La Fiscalía de Venezuela anunció este jueves la apertura de una investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, un detenido cuyo fallecimiento fue confirmado por el Gobierno casi un año después de su presunto deceso, tras meses de denuncias sobre su paradero desconocido.
El Ministerio Público informó que la investigación fue asignada a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en derechos humanos, con el objetivo de “realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial”. Asimismo, se ordenó la exhumación del cuerpo con apoyo de equipos forenses adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.
El caso ha generado una fuerte reacción de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y la Defensoría del Pueblo, que han exigido una investigación independiente y exhaustiva sobre las circunstancias de su detención, reclusión y fallecimiento.
Según información de la ONG Foro Penal, Quero Navas fue detenido en enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas. Su arresto habría estado relacionado con su pasado como miembro del ámbito militar en 2023, lo que derivó en acusaciones de traición a la patria, conspiración y terrorismo, de acuerdo con reportes de la organización.
Durante meses, su paradero fue desconocido, lo que activó campañas de búsqueda impulsadas por su familia y organizaciones de derechos humanos. Su madre denunció públicamente la falta de información sobre su situación, mientras el caso se convertía en un símbolo de las denuncias sobre desapariciones forzadas en el país.
El Ministerio Público afirmó que la investigación se activó formalmente tras la difusión del caso en redes sociales y la intervención del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que inició diligencias en marzo para determinar su ubicación.
Desde la oposición, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela calificó el hecho como un “asesinato”, denunciando que Quero Navas habría estado sometido a condiciones de reclusión en el centro penitenciario Rodeo I, donde organizaciones denuncian casos de tortura y tratos inhumanos.
La Plataforma Unitaria Democrática también condenó el caso y exigió una investigación “seria, independiente y transparente”, además de reclamar la entrega de los restos a sus familiares y el esclarecimiento completo de las circunstancias de su muerte.
La Defensoría del Pueblo y diversas ONG han reiterado su llamado a garantizar el acceso a la verdad y la justicia, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio el sistema penitenciario y las condiciones de detención en Venezuela.
